La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en una década (2008-2018), los gobiernos federales realizaron múltiples operativos de seguridad pública, política de prevención social, contención del delito y prevención de la reincidencia delictiva, sin que a la fecha se tenga un resultado tangible en esas materias.

La ASF sugirió que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana elaboren un diagnóstico integral y actualizado de las zonas y poblaciones prioritarias sumidas en la delincuencia o con mayor riesgo de integrarse a actividades ilegales, “a efecto de que instrumenten políticas de prevención exhaustivas que incluyan la colaboración de las dependencias a cargo de los programas sociales”.

En su tercer entrega de resultados de revisión a la Cuenta Pública 2018, la ASF analizó los recursos ejercidos entre el 2008 y 2018 por dependencias como la Secretaría de Gobernación; la Policía Federal; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República.

En su reporte, destacó que en el 2018, el gobierno federal “no contó con una definición explícita y enunciativa del problema público, lo cual es consecuencia de que no existe una conceptualización única de qué es la prevención (de violencia)”.

Ejemplificó que la Policía Federal, en dicho periodo, “instrumentó 4,218 operativos, sin que se pudiera determinar si su actuación se basó en un modelo preventivo o de persecución ante los sucesos delictivos”.

Refirió que la Secretaría de Hacienda, entre el 2013 y 2018, a partir de la implementación de la ley antilavado de dinero, efectuó 586 denuncias ante la entonces PGR, aunque “no realizó un adecuado seguimiento que permitiera conocer cuántas concluyeron y, por deficiencias en la coordinación con la PGR, para el correcto intercambio de información, no se verificó en qué medida la detección de delitos y el señalamiento de responsabilidades penales fueron efectivos”.

En el tema de la readaptación social dentro de los penales federales, mencionó que “prevalecieron deficiencias e insuficiencias” por parte del personal de seguridad y custodia, y en cuanto a los servicios de salud, de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas para los internos. Alertó que una problemática es que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no está obligado a identificar a la población penitenciaria que ingresó en más de una ocasión ni los delitos cometidos en cada reingreso, “lo que obstaculiza determinar la efectividad de los programas de reinserción social”.

La ASF emitió 16 sugerencias, dos a la Cámara de Diputados y 14 al gobierno, para mejorar la operación de la política conjunta de prevención social del delito y la violencia, y en materia de reincidencia delictiva.

Planteó necesario reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se defina qué es la prevención del delito, sus objetivos y modelos de política, señalando a las autoridades responsables, para evitar la política de dispersión y desarticulación.

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