Ante la posibilidad de que sea desechada en la SCJN una controversia constitucional contra el acuerdo que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar de forma permanente en labores de seguridad, el Colectivo Seguridad Sin Guerra llamó a los integrantes de la Segunda Sala de la Corte a votar en contra del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel.

Este miércoles se prevé que el máximo órgano de justicia resuelva si procede o no la reclamación promovida por la Presidencia de la República en contra de la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat de aceptar a trámite la controversia constitucional 90/2020, presentada por la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández (PAN), en contra del decreto presidencial que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Al presentar un recurso de reclamación con expediente 54/2020, el Ejecutivo federal acusa que la legisladora panista no tenía facultades para promover dicha controversia al escudarse en el artículo 233 del reglamento de la cámara, el cual indica que la presidenta de la mesa directiva puede “presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aun en los periodos de receso”.

Dicho argumento es respaldado por la ministra Yasmín Esquivel, a través de un proyecto de resolución que propone desechar la controversia constitucional promovida por Laura Rojas, al plantear que efectivamente la legisladora no está facultada para presentar una controversia constitucional contra el decreto presidencial, porque ésta no fue sometida a consideración de los diputados y tampoco cuenta con el aval de la mayoría de la Cámara baja.

Por lo anterior, la ministra expresó que se “actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia”, además de que “es procedente y fundado el presente recurso de reclamación” generado por los representantes del Ejecutivo federal.

En consecuencia, de ser aprobado el proyecto de resolución de la ministra Yasmín Esquivel, se evitaría que se estudie a fondo el tema de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública.

En tanto, el colectivo Seguridad Sin Guerra llamó a la Segunda Sala de la Corte a votar en contra del proyecto ante la posible constitucionalidad del acuerdo militarista del presidente, ya que señalaron debe ser estudiada y resuelta para garantizar la seguridad jurídica y definir los límites del actuar militar.

“La autonomía del poder Judicial y la posibilidad de construir la paz están de por medio”, alertó.

El colectivo explicó que el acuerdo emitido por el presidente López Obrador, el pasado 11 de mayo sobre las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas, además de ser impugnado por la Cámara de Diputados, también lo fue por el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, por el municipio de Colima, Colima, y por el gobierno del estado de Michoacán, por incumplir el mandato constitucional que exige que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario.

maritza.perez@eleconomista.mx