El Estado mexicano cuenta ya con un nuevo organismo en materia de transparencia, con autonomía constitucional y facultado para conocer todo asunto vinculado al acceso a la información pública en poder de autoridades, partidos políticos u organismos, así como del manejo de recursos públicos por parte de personas físicas y morales, además de sindicatos.

La reforma constitucional que entró en vigor este 8 de febrero dispone la creación de un organismo -que sustituye al IFAI-, que también conocerá de los recursos interpuestos por particulares sobre resoluciones de organismos estatales, cuando éstos determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de cierta información.

Ahora, las resoluciones del organismo nacional se mantienen definitivas e inatacables por los sujetos obligados aunque con una excepción: el Consejero Jurídico del gobierno federal podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte cuando considere que las resoluciones ponen en peligro la seguridad nacional .

Otra disposición es que los congresos estatales deberán reformar sus respectivas constituciones para crear organismos autónomos. Es decir, con esto se homologa el actuar de las instancias locales con el nacional. Asimismo, la reforma ya promulgada contempla que el Congreso de la Unión apruebe un catálogo sobre los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información por parte de los sujetos obligados.

Al entrar en vigor, ahora corresponde al Congreso expedir -en el plazo de un año- una ley general del Artículo 6 de la Constitución, así como aprobar las reformas secundarias.

La reforma constitucional contempló la posibilidad de que los comisionados actuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) formen parte del nuevo organismo autónomo.

Para ello, deberán notificar al Senado de dicha intención dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor. De ser aprobados, permanecerán en el cargo por el periodo que reste al nombramiento que tenían.

Durante la promulgación de la reforma, el viernes pasado, el presidente Peña Nieto destacó que con ésta se da respuesta a una sentida demanda social, ya que ahora también son sujetos de esta materia los partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, al igual que los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos .

Explicó que el organismo nacional podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes mexicanas o tratados internacionales que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; podrá revisar las determinaciones que emitan los organismos locales, para homologar criterios de transparencia en los tres órdenes de gobierno; y podrá atraer recursos de revisión en el ámbito local que, por interés o trascendencia política, así lo ameriten.

mauricio.rubi@eleconomista.mx