En el nuevo Sistema de Justicia Penal, los magistrados de las Salas Penales no tienen los mismos criterios que los jueces. Esto favorece la impunidad y daña la credibilidad de un sistema que nació en medio de grandes expectativas y también con dudas fundadas. El problema del nuevo sistema está en la corrupción, no ha habido tiempo de erradicarla , vaticinó Alejandro Martí, empresario y presidente de México SOS.

La flexibilidad del nuevo sistema está propiciando que personas que delinquen evadan el castigo; esto se refleja en un aumento de la incidencia delictiva, dice el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En enero del 2016 se cometieron 3,551 delitos de bajo impacto (robos sin uso de violencia). En febrero del 2017, la cifra se había incrementado 53% y llegó a 5,405.

Un caso que ilustra lo que está ocurriendo se encuentra en el expediente incluido en la carpeta administrativa 1412/16, Toca Penal 20/2017. En él se imputó del delito de robo simple a cuatro personas: Alma Abigail López Gallegos, Julio Velay Méndez, Susana Reyes Cruz y Rosalía Velázquez Pérez. El juez determinó tener por acreditado el delito de robo simple , tal como está establecido en el artículo 287, 289 fracción V, en relación con el 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d) del Código Penal.

Con otro criterio, decidieron los jueces Juan Arturo Velázquez Méndez, magistrado presidente; José Noé Gómora Colin, magistrado; Armando Muñoz Jaimes, magistrado, y Alejandro Gómez Echenique, secretario de acuerdos. Para estos magistrados, la decisión no era correcta porque desde su punto de vista no se pueden determinar autores de un robo si el robo no está plenamente probado que ocurrió.

La determinación de la Sala implicó dejar impune un delito. Su interpretación de la Ley es totalmente distinta a la del juez. Donde éste encontró elementos para determinar la intervención de los imputados , los magistrados vieron otra cosa. Según los magistrados de la sala, las pruebas aportadas por el Ministerio Público no configuran la existencia del robo. La Sala consideró que no se advierten datos de prueba suficientes que establezcan que se cometió el hecho delictuoso que se le atribuye a los imputados, pues los datos de prueba aportados no fueron idóneos, pertinentes y menos aún son suficientes para acreditar el hecho delictuoso de robo simple, y en consecuencia tampoco la probable intervención de los probables responsables, por ello es que no pueden ser vinculados a proceso, señala la resolución.

El problema de las diferentes interpretaciones también tiene que ver con los tiempos del proceso. El hecho punitivo debió ser valorado por la Sala, hasta la Sentencia Definitiva que debería emitir el juez en su momento. No era sino hasta la Secuela del Procedimiento cuando debía establecerse si los inculpados habían cometido la conducta delictuosa. Es evidente que la Sala se extralimitó en su sentencia, al analizarlo como si se tratara de una Sentencia definitiva explican expertos consultados por El Economista la etapa en que se encontraba el proceso era la de vinculación y sólo se tenía que acreditar que existía un hecho ilícito de manera indiciaria .

El gobierno no ha podido garantizar la capacitación de los operadores del sistema, explica Martín Carlos Sánchez Bocanegra, presidente de la Red Nacional de Juicios Orales. Esto ya había sido advertido por expertos de la talla del Ministro José Ramón Cossío o el exprocurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca; el nuevo sistema requerirá altos estándares en la actuación de peritos, policías, investigadores, ministerios, jueces, defensores y magistrados. Una falla en la cadena se traducirá en impunidad .