En el Senado de la República ningún partido tiene el número de curules necesarios para asegurar una votación de mayoría calificada. Así, bajo este escenario, se han registrado nombramientos cuyo proceso no ha sido terso, como lo que actualmente ocurre con la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El politólogo y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, José Fernández Santillán, atribuye esta situación a la falta de una mayoría estable, generada entre las diversas fuerzas políticas presentes en la Cámara Alta.

Las alianzas entre los grupos partidistas para alcanzar una mayoría calificada (ésta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de Pleno), necesaria para avalar un nombramiento hoy día se llevan a cabo por coyunturas.

“No tener mayoría estable implica entrar en un mercadeo. Todo está sujeto a la ley de la oferta y la demanda”, declaró Fernández Santillán, profesor-investigador de la Escuela Nacional de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.

La Cámara Alta aún tiene pendiente nombrar al sucesor de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, el remplazo de Santiago Nieto, quien fue separado de su cargo en la Fepade, así como designar al fiscal anticorrupción y a 18 magistrados electorales de tribunales locales.

Ello, bajo un escenario donde han existido conflictos en pasadas designaciones. Tal es caso del actual ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, quien fue electo en marzo del 2015  entre críticas por haber ocupado el cargo de Embajador de México en Estados Unidos y en el Reino Unido, así como por haber estado a cargo entre el 2005 y 2006 de la Procuraduría General de la República (PGR).

A inicios de octubre, el Senado de la República eligió por cuatro años más a Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar como consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El proceso para concretar el voto de confianza al funcionario, quien había concluido su primer periodo de mandato el pasado 10 de septiembre, se vio atropellado debido a la falta de consenso y dictaminación en comisiones frente a la ausencia —en ese momento— de presidentes en dos Comisiones del Senado, y que eran clave para dicha designación.

La ratificación de Luis de la Calle Pardo y Octavio Pastrana, por cinco años más, como consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos tampoco fue sencilla, pues legisladores del denominado bloque PT–Morena se inconformaron tras acusar al proceso de poco transparente.

En contraste a estos nombramientos, se aprecian casos de respaldo, como el del exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, quien renunció al cargo el pasado 16 de octubre, a 12 meses de haber tomado el puesto.

Destaca también el respaldo que obtuvo Arely Gómez cuando fue designada como titular de la PGR, puesto que ocupó del 3 de marzo del 2015 al 26 de octubre del 2016.

“Por la diversidad política que hay en el Senado puede ser explicable que haya puntos de vista no solamente distintos, sino contrapuestos”, expuso, por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Enrique Burgos García.

Abundó que ello significa que la presencia de partidos políticos de distinta pertenencia ideológica lleva a un contraste de ideas, percepciones y alcances. Sin embargo, dijo, llega un punto en que es necesario establecer  una especie de frontera cuando se trata de preservar la institucionalidad.

“No confundamos ni a la persona, ni al interés político e ideológico; privilegiemos a las instituciones, privilegiemos el ámbito que corresponde a la estructura institucional, no del gobierno, del Estado mexicano”.

El senador del PAN y presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, consideró que los pendientes en materia de nombramientos, así como el impasse existente sobre la designación del titular de la Fepade, se debe a “falta de voluntad política (...) falta de sentido de responsabilidad. Un exceso de interés por condicionar o por apropiarse, incluso, de la instituciones a través de nombramientos”.

Explicó que lo anterior se debe a muchos factores: “Sobre todo con el ánimo y la voluntad de los grupos parlamentarios de construir acuerdos; acercarse a mitad de pasillo, de negociar —incluso— y encontrar un perfil que comparta la visión de una institución y las condiciones mínimas de institucionalidad, autonomía e independencia. Eso es lo que explica buena parte de los retrasos que hemos tenido”.