La Secretaría de Gobernación, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que el gobierno mexicano entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) un documento de observaciones, en el que niegan casos de tortura contra implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo aseguró la propia ONU-DH el pasado 15 de marzo de 2018.

En un comunicado conjunto, las tres dependencias aseguraron que el Informe titulado “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo de 2018, se constituyó sin tomar en cuenta la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto.

“En la respuesta (observaciones) del gobierno de México se ofrece información sobre algunos de los temas contenidos en el referido Informe, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República, con relación a las alegaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala”, refiere.

Las dependencia manifestaron que a los detenidos por el Caso Iguala se les practicaron el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura.

“Los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos. Asimismo, el documento destaca las acciones llevadas a cabo por la Visitaduría General de la PGR para investigar y fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica”, refirieron.

Finalmente, el gobierno de nuestro país reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas.

“Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura, la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura”, se precisó.

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