El Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en el Distrito Federal, negó una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo interpuesto por María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, previo a su detención.

El juez federal argumentó que en octubre del 2014, fecha en que Pineda Villa presentó la demanda de amparo, no existían órdenes de aprehensión, presentación, búsqueda o localización giradas en su contra.

La resolución publicada en las listas electrónicas del Poder Judicial recapitula que la ex primera dama local presentó el juicio de amparo, con expediente 985/2014 el 13 de octubre del 2014. En esa fecha no había mandamiento judicial en su contra.

Ante ello, el juez José Alfonso Martínez Montalvo resolvió que no existía acto reclamado al momento de la demanda, por lo que no es posible para las autoridades judiciales otorgar un amparo o suspensión en contra de un acto de la Procuraduría General de la República o de cualquier otra autoridad que imparta justicia no concretada durante la solicitud.

Asimismo, la resolución expone que la defensa de la esposa de Abarca no aportó pruebas para demostrar que existía mandamiento judicial en su contra hacia octubre del 2014, por lo que no hubo materia para resolver el fondo del juicio de amparo.

Si bien este juicio de amparo sigue vigente, con la suspensión negada, en un futuro se desechará el mismo, por haber quedado sin materia.

Es de destacar que la resolución de esta demanda de garantías es independiente del nuevo amparo que presentó María de los Ángeles Pineda Villa recientemente ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal, el cual está siendo analizado para ver si es procedente o no.

El 5 de enero, María de los Ángeles Pineda, a quien se le vincula con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, presentó una demanda en contra de su traslado al penal femenil de Nayarit por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

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