Consolidar los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción apunta a resolver uno de los grandes problemas de nuestro país, el de la falta de confianza, aseveró la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta.

Consideró que México necesita dejar de ser la nación de la desconfianza.

Afirmó que los mexicanos no creen en sus autoridades, ni en las empresas, ni en los partidos políticos, ni en los medios de comunicación o las organizaciones sociales, ni mucho menos en las fuerzas de seguridad.

Desde su perspectiva, este proceso de erosión inició hace muchísimo tiempo, pero tuvo un momento crucial hace 50 años en ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y desde entonces, la impunidad es la constante de nuestro país.

Sin embargo, dijo que en estas cinco décadas México ha cambiado mucho. En algunos campos somos mucho mejores, somos un país que ha desterrado la violencia política como medio para cambiar el gobierno. Los cambios de gobierno se procesan en las urnas, no con las armas. Y esto es un gran logro.

Sin embargo, destacó, no hemos podido superar el problema de la falta de confianza.

Por eso, necesitamos fortalecer y amplificar los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción. “La confianza no se construye de la noche a la mañana, no es un acto de magia, es una tarea ardua que requiere de la participación ciudadana y del gobierno.

“Tenemos que levantar el edificio de la confianza con limpieza y transparencia, con acciones a la vista de todos acabando con la corrupción y con las simulaciones”, puntualizó.

Aseveró que si se mantienen los niveles de impunidad que hoy padecemos como nación, esa desconfianza seguirá imperando.

Por ello, añadió, para que la transparencia y la lucha contra la corrupción rindan cuentas claras a la población, es urgente que llevemos a cabo una verdadera lucha contra la impunidad.

En entrevista, expuso que es un buen paso que el próximo gobierno muestre una decidida intención por combatir la corrupción poniendo ejemplo de honestidad, pero se requieren otras cosas.

Un reto es la baja legitimidad de las instituciones

La presidenta del SNA sostuvo que los problemas a los que se enfrenta la instauración de ese sistema nacional y luego su consolidación son, principalmente, la baja legitimidad de las instituciones que atraviesa el país y la falta de voluntad política.

Esta última, añadió, ha implicado la parálisis del elemento punitivo del sistema, cuya operación en mucho abonaría a enfrentar el problema de impunidad, que causa hartazgo y reduce la legitimidad del Estado.

Además, señaló que tenemos un sistema nacional incompleto y la ausencia de muchos actores fundamentales, en algunas entidades federativas.

Por ello considera que es preciso completar el sistema, modificar procesos, identificar los puntos de conexión y, por lo tanto, de colaboración entre los miembros del mismo, abrir más espacios a la sociedad para que participe de forma activa en la creación de políticas públicas, en la denuncia de hechos de corrupción, en la vigilancia y evaluación de la gestión pública, de los responsables de su implementación.

En ese sentido reiteró que sin legitimidad ante la población, el sistema no podrá cumplir plenamente sus funciones.

La integrante del Sistema Nacional Anticorrupción destacó que lo que pueden hacer los ciudadanos para combatir la corrupción es ejercer su derecho a la información.

Asimismo, acotó que es muy importante crear una cultura de la transparencia, donde el ciudadano sepa que puede contar con la información pública que se refiere a su gobierno, a sus recursos y a la forma como se utilizan.

En ese contexto destacó la importancia de que operen eficientemente la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción y la Plataforma Nacional de Transparencia.

 Son dos herramientas fundamentales para que los funcionarios involucrados y la ciudadanía en general puedan tener en sus manos mapas para encontrar las declaraciones patrimoniales, las contrataciones públicas, los funcionarios que participan en ella, las licitaciones, las auditorías de los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal,  y las obligaciones de transparencia, entre otros asuntos.

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