Especialistas cuestionaron que entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo no se especifica que las declaraciones de servidores públicos ante potenciales conflictos de interés se hagan públicas, además de que la Secretaría de la Función Pública seguirá subordinada al presidente.

De México Evalúa, el investigador Marco Fernández consideró que son medidas incompletas y se pronunció porque tanto las declaraciones de posibles conflictos de interés como la patrimonial sean públicas.

El carácter público permite a la prensa y a la sociedad (...) dar seguimiento a lo que haya declarado en términos de su patrimonio o de potencial conflicto de intereses y activar, en caso dado, las alarmas .

Fernández refirió que difícilmente servirá como mecanismo cuando las declaraciones patrimoniales son resguardadas por un funcionario que depende del Ejecutivo. Y aunque ya fue nombrado un titular en la Secretaría de la Función Pública (SFP), por las reformas impulsadas por el PRI, algunas facultades se trasladaron a la Secretaría de Hacienda, ante la idea de crear un sistema anticorrupción y ahora es una institución más débil .

Asimismo, opinó que aun cuando se ha manifestado el compromiso de Peña para impulsar un sistema anticorrupción, las bancadas del PRI han intentado descafeinar la iniciativa.

En tanto, Oscar Arredondo, de Fundar, opinó que antes de crear una comisión anticorrupción que se sume a las diversas instituciones que existen, se necesita una base sólida para detectar irregularidades y atenderlas en el momento en que se presentaron.

Destacó la propuesta de que un panel de expertos revise la resolución de la Función Pública sobre la compra de bienes con empresarios que han ganado obra pública, porque éstos podrán detectar los vacíos legales.

¿Y la contraloría del Edomex?

En tanto, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, dijo que la investigación de la SFP por las propiedades del presidente Enrique Peña Nieto vinculadas con el grupo Higa debe ser amplia e incluir a la Contraloría del Gobierno del Estado de México, pues si sólo si se investiga con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se puede adelantar que la indagatoria concluirá en que no hubo conflicto de intereses y será un carpetazo.

Entrevistado por El Economista, Eduardo Bojórquez dijo que el nuevo titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, debe ser muy claro en cuáles serán los alcances de la investigación. Bojórquez confió en que la cercanía de Virgilio Andrade con el PRI no será impedimento para que se haga una investigación para llegar la verdad jurídica de las propiedades adquiridas por Peña Nieto a través de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, lo mismo que una casa propiedad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El director de Transparencia Mexicana recordó que a la empresa Higa se le vincula con obtener diversos contratos de obra pública por el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador, por lo que la investigación de la SFP debe incluir a la Contraloría mexiquense.