Una vez que se apruebe el paquete económico para 2020, es conveniente propiciar una discusión que lleve a reformar la Ley de Coordinación Fiscal y, en general, el marco legal mediante el cual se recaudan y reparten los recursos de la hacienda pública, coincidieron en señalar especialistas en la materia.

En entrevista, Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del centro de pensamiento y análisis México Evalúa dijo que los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación obedecen a un diseño obsoleto de cómo se reparten las facultades recaudatorias entre los gobiernos locales y el federal.

Lo mismo ocurre, añadió, con los criterios para asignar los recursos tanto del fondo federal de participaciones como las aportaciones, que son el gasto etiquetado.

“Creemos que esos criterios pueden evolucionar para tener un gasto mucho más efectivo”, indicó.

En su opinión sería muy importante que en algún momento de este sexenio se pudiera generar una discusión en torno a cómo hacer más con esos recursos que se destinan a los estados, concretamente en el Fondo General de Participaciones, que es uno de los más importantes que se distribuyen entre los gobiernos locales, cuyo principal componente consiste en asignarle a las entidades federativas cantidades de presupuesto en función de su población.

La especialista destacó que ese criterio es inercial, muy fijo y no depende del esfuerzo de los estados para recaudar y contribuir a la hacienda pública.

Dijo que otros fondos  de las participaciones y aportaciones consideran, la ubicación geográfica de la entidad federativa, es decir si es un estado que se ubica en alguna zona fronteriza o si está en los litorales o donde se extrae petróleo.

En todo, mencionó, esos criterios deberían de ser complementados con otros como su contribución a la bolsa general de impuestos, con el fin de premiar a los más aplicados en esas cuestiones.

Comentó que, en el pasado, algunas de las deficiencias de esos fondos “se fueron parchando con recursos del Ramo 23.

Desde su perspectiva, debido a la forma en que están puestos ahora los criterios y los incentivos no vemos inversión por parte de los estados. Es decir, lo que ha sucedido es que la mayor parte del gasto de las entidades está financiado con los recursos que les da la federación, ya sea por participaciones o aportaciones.

Además, si se revisa su gasto, se encuentran casos en los que, desde 1990, la nómina ha aumentado 377% en términos reales, mientras que la inversión pública ha aumentado 54 por ciento.

Por ello consideró que es necesario promoverse el esfuerzo de los estados en crecimiento económico, en aportación, en impuestos al fondo general, así como la construcción de capacidades institucionales para atender los problemas del país. Todo ello además de la transparencia y la rendición de cuentas o su gasto en inversión.

Llamó la atención en que el diseño fundamental de la coordinación fiscal data del siglo pasado, aunque ocurrieron algunas reformas menores, por ejemplo, en 2007 cuando se cambiaron las reglas del fondo general de participaciones que, según varios analistas, no ha sido exitosa.

Recordó que esa reforma tenía como objetivo darle un incentivo a los estados para que crecieran económicamente, así como propiciar que hicieran un mayor esfuerzo recaudatorio a escala local, pero la experiencia demostró que las fórmulas que se diseñaron para propiciar ese incentivo no funcionaron.

Por otra parte, enfatizó que el hecho de que los gobernadores planteen abandonar el pacto fiscal debe considerarse tomando en cuenta que México es un país en donde hay distintos niveles de gobierno y ese tipo de aseveraciones refleja que existe un descontento importante.

Por ello sería razonable que se analice esa situación con el fin de los gobiernos estatales sigan trabajando como aliados de la federación para propiciar desarrollo económico.

Sin embargo, mencionó que parte de la discusión que debe darse es el hecho de que los gobiernos estatales no llevan a cabalidad su esfuerzo recaudatorio porque han decidido no ejercer a plenitud sus facultades en esta materia.

Puso como ejemplo emblemático de esto, la decisión de los gobiernos estatales a no cobrar el impuesto de tenencia vehicular, lo cual ayudaría muchísimo a estados como Jalisco que tienen un importante parque vehicular del país.

En ese sentido dijo que también hay que tomar en cuenta que la federación se ha quedado con las facultades recaudatorias más importantes como el IVA y el ISR que son los  impuestos que tienen mayor posibilidad de juntar recursos para las arcas públicas. Incluso subrayó que hay que tener presente que si el ISR se cobrara a nivel local generaría muchos desequilibrios.

Es más sencillo para los estados echarle la culpa al gobierno federal

Por su parte Alfredo Elizondo, investigador de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc) explicó que, de manera global, los estados gastan uno de cada tres pesos del presupuesto y en este año lo que hay es una baja de medio punto porcentual, respecto a 2019, en los recursos que dispondrán y, al final del día, eso sí impactará en sus finanzas.

En ese sentido destacó que a los gobiernos estatales les resulta más sencillo echarle la culpa a la federación, que tratar de hacerse cargo de sus propias responsabilidades, sin demeritar, que sí tendrían una baja en los recursos federales.

Con base en ese panorama, el especialista opinó que estaría bien que, una vez de concluida la aprobación del presupuesto 2020, se abriera una discusión para reformar las leyes que rigen el reparto presupuestal.

Expuso que hay entidades como la Ciudad de México, Campeche y Baja California, que captan recursos mayormente en el país y otros como Guanajuato y el Estado de México que han tenido una recaudación propia a la baja.

El problema, subrayó, es ver cómo podemos ser más equitativos a la hora de repartir el dinero a los estados, pero eso debería tener una correspondencia en términos de que las entidades federativas recaudaran más y mejor.

El especialista indicó que eso implica lograr una reforma hacendaría amplia, donde haya mayor equidad en el cobro de impuestos.

Eso tendría que incluir que se propicie reducir considerablemente los altos índices de informalidad que tenemos actualmente.

“No es algo sencillo. Si bien es algo necesario y urgente, va más allá de la coordinación fiscal entre la federación y los estados”, dijo.

Mencionó que si bien hay reglas para repartir el presupuesto no pueden cambiarse, sí se pueden hacer reglas para favorecer más a donde hay mayores rezagos sociales. Además, es necesario que los municipios recauden más para reducir su dependencia del presupuesto federal, mencionó.

Por otra parte recalcó que antes de pensar en nuevos impuestos locales, los estados deben buscar la forma de mejorar su capacidad recaudatoria.

El problema es que, si no pueden recaudar lo que teóricamente tendrían que estar recaudando, si les agregan nuevos impuestos, administrativamente puede resultar no redituable, por un asunto de capacidad.