Las mujeres componen uno de los grupos más vulnerables en México. La pandemia de coronavirus ha pronunciado la violencia de todo tipo en contra de mujeres y niñas, y más dentro del sistema penitenciario aún más.

“Las mujeres presas o familiares de presos son las invisibles entre los invisibles”, esta situación de desventajas se expone y profundiza durante la emergencia sanitaria, dijo Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres durante el conversatorio virtual Las cárceles: una bomba de tiempo en la contingencia.

La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres dentro de los centros penitenciarios no sólo las pone en línea de riesgo de contagios de la nueva enfermedad de coronavirus, Covid-19, también enfrentan mayores retos y exposición a violaciones de sus derechos humanos.

El llamado de instituciones internacionales y otros organismos a atender la situación de las población reclusa pone en evidencia la deficiencia, insuficiencia y precariedad del sistema penitenciario en el país. Y al mismo tiempo también quedan expuestas las disparidades que ya existían dentro de él, acotó la experta en temas de procuración de justicia.

De modo que la insistencia de la sociedad y los organismos debe enfocarse en cómo se ha llegado a las condiciones en las que viven las y los internos, que ahora se debaten por la necesidad de contener la propagación del virus, pero que ya existían previamente. La falta de insumos de higiene, alimentación adecuada, la sobrepoblación y el autogobierno en las cárceles son una problemática que tiene años, comentó.

Además de exponer las problemáticas, la pandemia servirá para enfatizar en la urgencia de “repensar y transformar” el sistema penitenciario; desahogarlo y estudiar otras alternativas de impartición de justicia que no impliquen la reclusión. Especialmente si se observa desde una perspectiva de género.

Las desigualdades

La población femenina privada de la libertad apenas representa el 5% del total en el país, sin embargo, en los años recientes la tasa de crecimiento de mujeres presas sigue una tendencia de aceleración. Aquí comienzan las disparidades entre el grupo de internos y el de internas y las condiciones que enfrentan en las cárceles.

“Hay muy pocos centros penitenciarios femeninos, especialmente en los estados. Las mujeres tienen de dos opciones: elegir entre una cárcel mixta que no está adecuada a sus necesidades particulares o una cárcel de mujeres, que, la mayoría de las veces está totalmente alejada de sus comunidades”, dijo Ana Pecova durante la mesa virtual.

El perfil socioeconómico y entorno familiar que presentan las mujeres privadas de la libertad sí es distinto al que presentan los hombres. Incluso los delitos por los que se encuentran en las cárceles difieren de manera importante. Pese a ello, las mujeres están mucho más expuestas a ser víctimas de violación a sus derechos ciudadanos, a que no se lleve a cabo el “debido proceso”, incluso a situaciones de acoso y hostigamiento durante sus procesos jurídicos y dentro de los centros penitenciarios.

En las comunidades marginadas es donde más violaciones a los derechos se presentan; en muchas ocasiones no se les brinda información completa, no se les dan a conocer sus derechos e incluso no se proveen de interpretes en el proceso jurídico a las mujeres no hablantes de español.

Cerca del 97% de estas mujeres es madre o jefa de familia; los sistemas penitenciarios no procuran la atención a sus dependientes, ni una sana separación de ellos con la persona privada de la libertad, dijo la especialista.

Todo este conjunto de disparidades permite que muchas mujeres sean recluidas en cárceles, mixtas y femeniles, incluso sin ser enjuiciadas todavía. Lo que ha generado sobrepoblación en los centros y falta de condiciones adecuadas para la vida, que se potencializaron y se convirtieron en focos rojos por la emergencia sanitaria, dijo.

La situación misma arroja al cuestionamiento de si realmente las cárceles son la mejor opción para ejercer la justicia.

Las mujeres también se encuentran vulneradas del otro lado de la moneda, representan más del 90% de los familiares que se encargan de los presos en los centros penitenciarios. Las esposas, madres, hermanas o amigas son quienes les visitan y la mayoría de las veces proveen de suministros alimenticios o de higiene a sus familiares, comentó Ana Pecova. En el contexto de la emergencia sanitaria, especialmente en los centros donde no se han prohibido las visitas, esto también las pone en primera línea de riesgo de contraer el virus.

La Ley de Aministía

En el debate que se ha generado sobre la liberación de algunos presos en días recientes como medida de prevención ante la pandemia del Covid-19, se ha discutido mucho sobre la Ley de Aministía, de manera negativa la mayoría de las veces. Pecova enfatizó en aclarar que este elemento “no se pensó como respuesta a la crisis sanitaria ni surgió a partir de ella”.

Es una propuesta que surge de un análisis efectuado a modo de retrospectiva que encontró patrones importantes en la situación de muchos internos, especialmente mujeres, que habían sido víctimas también de violaciones a sus derechos. En línea con un análisis también de las condiciones y el resultado de los centros penitenciarios, dijo.

La pandemia únicamente pone en la mesa la urgencia de mejorar los mecanismos de impartición de justicia y de generar elementos jurídicos que permitan tener un impacto positivo en el círculo de seguridad. “Las condiciones del aparato de justicia en México no permiten la reinserción, lo que provocan es que se generen nuevas víctimas”.

De manera individual y colectiva se debe continuar poniendo en la agenda pública la necesidad de atender al sistema penitenciario desde el presupuesto hasta la generación de políticas públicas en materia, que provoquen efectos positivo en la situación de seguridad ciudadana, que garanticen los derechos humanos de todos y especialmente, que su impacto sea equitativo para mujeres y hombres.

“Es importante mencionar que de las liberaciones que se han efectuado en la Ciudad de México, durante la emergencia sanitaria no están relacionadas con la Ley de Amnistía y no se ha tenido registro de salidas de mujeres”, concluyó.

Algunas cifras de la Encuesta sobre Población Privada de la Libertad del Inegi:

  • 79% de las internas tiene hijos menores de 18 años.
  • 4% de las internas habla alguna lengua distinta al español.
  • 44% dejó los estudios porque tuvo que trabajar o por falta de dinero.
  • Cerca de 65% de los arrestos de mujeres fueron efectuados sin que la autoridad se identificara ni le mencionara el motivo del arresto.
  • 62% de las arrestadas fue víctima de la violación al derecho de comunicación .
  • 53% de las arrestadas fue amenazada con levantarle cargos falsos por las autoridades.
  • 43% de las arrestadas fue amenazada con hacerle daño a su familia.
  • 33% de las internas no tienen agua potable en el centro penitenciario ni regaderas.
  • 12% de las internas no cuesta con servicios médicos.
  • 22% pasa de 19 a 24 horas por día dentro de su celda.
  • 45% de las internas sólo realiza una o dos llamadas a la semana.
  • 8% de las internas ha sido víctima de delitos sexuales dentro del penal.
  • 34% de las mujeres que han sido violentadas sexualmente en la cárcel ha ocurrido más de tres veces.

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