La bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) comenzará una nueva batalla para modificar los dictámenes de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, ya que para su creación acusan no fueron consultados.

Los 11 dictámenes aprobados el pasado jueves por integrantes de las Comisiones Unidas llegan con opacidad para los diputados morenistas, quienes advirtieron que así como impugnaron la ley electoral, lo harán con las reformas para combatir la corrupción en la Ciudad de México.

Vamos a trabajar otras acciones de inconstitucionalidad si es que se aprueba este lunes en el pleno este sistema anticorrupción, tal como se aprobó en comisiones , dijo el viernes en conferencia de prensa el diputado César Cravioto, en compañía de sus compañeros asambleístas.

Por su parte, el presidente de la comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada (PRD), consideró que los diputados de Morena se dedican a tener una oposición sistemática, es un exceso la estrategia de los diputados de Morena, por querer llamar la atención, sin argumentos serios y con total desconocimiento parlamentario , señaló.

Este lunes, en sesión extraordinaria serán presentados ante el pleno de la Asamblea los proyectos para su discusión y, en su caso, aprobación para comenzar operaciones conforme a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción a más tardar este 19 de julio.

El proyecto

De acuerdo con el dictamen aprobado, en el artículo transitorio sexto, el fiscal anticorrupción de la capital tendrá una duración de siete años en el cargo, y será elegido mediante la aprobación por mayoría simple de la ALDF, esto tras haberlo seleccionado de entre una terna propuesta por el jefe de Gobierno.

Lo anterior se llevará a cabo una vez que entre en vigor este ordenamiento, con un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Asimismo, se busca que los procesos de ratificación, designación y elección de servidores públicos que conformen el Sistema Anticorrupción local sean abiertos y transparentes, a través de convocatorias públicas.

Además, se obligará a revisar la veracidad de la 3de3 declaración patrimonial, de interés y fiscal es decir, sienta las bases de la prevención, investigación y sanción de fallas administrativas y hechos de corrupción.

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