Morena en la Cámara Alta formalizó, vía una primera iniciativa de reformas al Artículo 3 de la Constitución, su decisión de abrogar la reforma educativa, uno de los principales cambios estructurales aprobados durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que está por concluir.

Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, propuso derogar la vinculación de la evaluación a los docentes con su permanencia y promoción en el empleo y realizar una auténtica transformación educativa, ahora sí, dijo, con la participación de los profesores.

La iniciativa plantea eliminar la segunda parte de la Fracción III del Artículo 3 constitucional, vigente desde hace cinco años, que establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.

Asimismo, que la evaluación es “obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional”.

Y que en lugar de ese texto se precise que “el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, (para lo cual) considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale”.

Tras un largo debate, el pleno cameral aprobó, a propuesta de la senadora Blanca Piña (Morena), un punto de acuerdo por el que se instó al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre próximo, así como todo el proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros.

Las propuestas de Beatriz Paredes (PRI) y de Dante Delgado (MC), hechas desde la tribuna, de turnar el punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política para un análisis jurídico profundo, fueron ignoradas en la discusión.

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