Hace cinco años desapareció la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y le fueron otorgadas estas atribuciones a la Secretaría de Gobernación (Segob); una decisión que no dejó madurar el modelo que entró en vigor en el año 2000, opinaron especialistas en seguridad nacional, quienes indicaron también sobre la pertinencia de regresar a este esquema siempre y cuando existiera un diagnóstico de lo que no ha funcionado.

El 30 de noviembre del 2000, en la víspera de la toma de posesión del presidente panista Vicente Fox, se publicó en el Diario Oficial el decreto mediante el cual se creó la SSP, la cual absorbió responsabilidades y estructuras de la Segob, como la Policía Federal Preventiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El 2 de enero del 2013, 13 años más tarde, ya en la presidencia del mandatario priista Enrique Peña Nieto, se publicó un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con ello desapareció la SSP, trasladando sus atribuciones a la Segob.

En fechas recientes, el tema de reactivar la SSP fue retomado por el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, quien propuso que de llegar a Los Pinos crearía una Guardia Nacional.

Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, opinó que no hubo el tiempo necesario para que el proyecto de la SSP madurara, pero retomarlo requeriría de una evaluación.

Mencionó que una Secretaría de Gobernación “con garrote” no está exenta de que utilice la fuerza pública con un interés político. Por ello, abundó, se requiere valorar qué funciona y qué no, previo a intentar modificar el modelo.

Además de este estudio, se requeriría —dijo— un análisis para establecer  mayores controles a las atribuciones que tiene la Segob. “Si a la Secretaría de Gobernación le damos el poder del garrote, tenemos una secretaría muy poderosa sin controles —o con controles insuficientes en términos democráticos— que la hacen proclive a una deformación de su función tanto en la seguridad como en la gobernabilidad”, reiteró el especialista de la Ibero.

En este sentido se pronunció el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva, quien calificó de “lógico” que una dependencia que promueve la democracia, sea distinta de otra que se enfoca a la tarea de seguridad pública.

“Sin embargo, hay que expresar  que se necesita una visión mucho más amplia y no solamente que quede limitada a las corporaciones policiacas, sino a las reformas necesarias que se requieren de los sistemas penitenciarios estatal y federal; por supuesto, la instrumentación con vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, dijo Oliva.

El especialista de la UNAM en seguridad nacional consideró que las propuestas de seguridad pública no deben emplearse para atraer votos, porque la situación que vive el país no se presta para improvisar o crear expectativas a la población cuando éstas no se puedan cumplir.

“Es importante que no sólo en el caso de López (Obrador), sino en el caso de cualquiera de los candidatos, actúen con mucha prudencia”, enfatizó Javier Oliva.