El recién destituido juez I de Distrito del estado de Michoacán, Efraín Cázares López, por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfrenta las quejas administrativas 659/2010 y 660/2010 y 34/2011 por el caso del Michoacanazo y se indaga por haber otorgado la libertad a ocho normalistas que participaron en las revueltas de la semana pasada.

Sin embargo, el Consejo, que es el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales, tomó la decisión de destituirlo del cargo, sin todavía analizar el caso de los normalistas. Del caso conocido como Michoacanazo, cuando el gobierno federal detuvo en el 2009 a 35 presidentes municipales y funcionarios del gobierno de Michoacán a principios del sexenio calderonista, el juez Efraín Cázares liberó a 12 de los 35 implicados por la Procuraduría General de la República (PGR) con los cárteles de la droga michoacanos.

A fines del 2009, la PGR instrumentó un megaoperativo con respaldo de Fuerzas Armadas y federales, para detener a 12 alcaldes en funciones de los diversos partidos políticos de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan, Mújica y Zitácuaro.

Además, de siete funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, 14 policías ministeriales, el Subprocurador del Estado, Ignacio Mendoza, al juez local Jaime Liera y al abogado Lorenzo Rosales, a quienes el Agente del Ministerio Público de la Federación imputó cargos de delincuencia organizada.

Sin embargo, un año después todos quedaron en libertad, ante el desvanecimiento de pruebas y porque la PGR no logró motivar, argumentar y sustentar las imputaciones, de ese número, el juez Efraín Cázares dejó en libertad a 12 de ellos, lo que motivó a la hoy Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada a apelar esa decisión, así como a presentar las quejas correspondientes en contra del impartidor de justicia.

Esto fue la causa por lo que desde entonces el CJF abrió una investigación interna en su contra, pero el hecho de haber liberado a los normalistas obligó a actuar de inmediato.

Cázares López puede impugnar su destitución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría en caso de ser favorable el fallo, ser restituido en su cargo; sin embargo, no hay plazos determinados para que esto ocurra, comentaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

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