El actual sistema de competencias en materia penal genera impunidad legalizada, dificulta la persecución de delitos y propicia la disolución de responsabilidades, advirtieron el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos, y la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez.

Este jueves, durante el último día de audiencias públicas en el Senado para analizar la iniciativa presidencial en materia de seguridad, Humberto Castillejos afirmó que la línea de impunidad legalizada es muy tenue, pues México perdió la ruta en competencias penales.

Mariana Benítez, titular de la Seido de la Procuraduría General de la República (PGR), advirtió que hay delitos cuyas penas requieren homologarse a nivel nacional y empatarse con estándares internacionales, tal es el caso de la desaparición forzada y la tortura.

Dijo que hay seis estados que no catalogan como delito la desaparición forzada y los que sí la contemplan tienen críticas por las atenuantes y demás reglas que no dan cabal cumplimiento a las obligaciones internacionales de México.

Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó que desde el 2011, la ONU recomendó al país que el delito fuera incluido en los códigos penales de las entidades federativas a la brevedad, recomendación que sigue pendiente.

eL EJÉRCITO, a los cuarteles

Santiago Corcuera, del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, advirtió que el incremento de la desaparición forzada, junto a la tortura y la ejecuciones arbitrarias, se debe a la mala decisión de usar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Tenemos que repensar la estrategia de combate del crimen organizado, no pensado como si fuera un Ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Tenemos que repensar eso, eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada: una adecuada estrategia de seguridad ciudadana , dijo.

César Duarte, gobernador de Chihuahua, también se pronunció en favor de que el Ejército ya no tenga funciones de policía y regrese a los cuarteles.

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