A Teresa González y Alberta Alcántara nadie les podrá devolver los años que pasaron encerradas en una prisión mexicana por un delito que no cometieron.

Las dos jóvenes y menudas indígenas un día estaban vendiendo discos en un mercado y al siguiente eran acusadas de haber secuestrado, durante un operativo contra la piratería, a seis corpulentos policías de un desaparecido cuerpo de elite, lo que les costó casi cuatro años de cárcel.

Ellas fueron liberadas esta semana luego de que la Suprema Corte de Justicia revisara el caso, sin una compensación del Estado y sin siquiera un pedido de disculpa hasta el momento.

A pesar de las promesas de modernización del sistema de procuración de justicia y de que el gobierno se dice comprometido con los derechos humanos, los casos como los de las dos indígenas no son pocos en México.

Sentencias basadas en pruebas falsificadas, testimonios contradictorios o confesiones arrancadas a fuerza de golpes son todavía moneda corriente en México, según denuncias recogidas por organismos de derechos humanos.

"Nunca nos imaginamos lo que nos iba a pasar (...) Que me dieran la sentencia de más de 20 años cuando tenía ocho meses de embarazo, se me vino el mundo encima", dijo esta semana a Reuters González, de 25 años, en un patio del penal San José El Alto, mientras cargaba a su hija Jazmín, quien nació en la cárcel hace más de un año.

La ministra de la Suprema Corte Olga Sánchez, que impulsó la resolución para liberar a las mujeres, reconoció que existen repetidos casos como ese en las prisiones mexicanas.

"Muchos, la verdad. Tenemos que hacernos cargo de esta situación y de este sistema de justicia que tiene deficiencias que están a la vista", dijo Sánchez a una radioemisora.

Por su parte, el magistrado Arturo Zaldívar dijo durante una sesión de la Corte el 28 de abril tras la cual las dos mujeres quedaron en libertad que "hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones y violaciones de los derechos humanos".

El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro, dijo que muchas de las violaciones a los derechos humanos ocurren en el ámbito de los estados, donde el gobierno no puede influir porque México es una república federal, como Estados Unidos.

"Cuando se da una violación de derechos humanos en los estados, el Gobierno federal no puede hacer nada porque el caso lo llevan ministerios públicos y jueces estatales", dijo Castro a Reuters.

Siguen abusos pese a reformas

El Congreso aprobó en el 2008 una reforma propuesta por el presidente Felipe Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), para hacer más transparente el sistema judicial mediante la introducción paulatina de juicios orales.

Pese a la reforma, activistas no ven mucha diferencia hasta ahora en materia de derechos humanos entre los gobiernos panistas y los que encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de 70 años seguidos hasta el 2000.

En el estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, continúan las prácticas de abusos por parte de fuerzas de seguridad -comunes en las décadas de 1960 y 1970 durante la llamada "guerra sucia" contra simpatizantes de izquierda- y la falta de confianza en el sistema de justicia.

Según izquierdistas, siguen siendo comunes los crímenes de líderes campesinos por conflictos de tierras y las violaciones a los derechos humanos aumentaron por los operativos antidrogas que lanzó Calderón con policías y militares en el 2006.

"En los lugares donde la pobreza es mayor sigue habiendo los mismos abusos que había hace 40 años: llega el Ejército y se mete a las casas", dijo Genaro Vázquez, hijo de un ex guerrillero izquierdista del mismo nombre que actuaba en el sureño Guerrero, donde aún hay grupos rebeldes.

"A los lugares donde supuestamente está la guerrilla llegan golpeando y amenazando a familias y a los líderes de organizaciones", agregó quien también fuera alcalde de San Luis Acatlán, en Guerrero, donde en 1995 fueron masacrados 17 campesinos a manos de policías.

Ser indígena y pobre

Los casos más emblemáticos de prisión injusta tienen que ver con los pobres y con la población indígena, más de 10 millones en todo el país.

El año pasado y por las irregularidades del proceso, la Corte ordenó liberar a 20 personas que llevaban más de una década en la cárcel acusadas de participar en una matanza de indígenas en 1997 en Acteal, en el sureño estado de Chiapas.

Según organismos de derechos humanos y activistas, es clara la ineficiencia e impunidad del sistema de justicia en México y los abusos y corrupción en la policía, aunque algunos reconocen los intentos del Gobierno por cambiarlo.

"Este caso particular (el de González y Alcántara) muestra las deficiencias estructurales del sistema de justicia que discrimina en razón del género, la condición social o la pertenencia étnica", dijo a Reuters Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Las leyes no prevén ningún tipo de reparación económica para los inocentes que caen en prisión por años. Solamente un "usted disculpe", dijo la magistrada Sánchez.

Castro dijo que las mujeres podrían demandar al Estado y obtener una indemnización, pero sólo en caso de que pudieran demostrar que el juez actuó con la intención de dañarlas.

RDS