Al iniciar el análisis constitucional sobre la interrupción del embarazo voluntario, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa de gestación.

En sesión pública de pleno, el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto que propuso declarar la invalidez del artículo 196, así como de las porciones normativas que dicen “sea o no consentido o” del primer párrafo del artículo 198; “aborto no punible” y “se excusarán de pena” contenidas en el título y en el párrafo primero del artículo 199, respectivamente; así como el fragmento “dentro de las doce semanas siguientes a la concepción” ubicado al final del párrafo primero de la fracción I del mismo artículo 199, todos del Código Penal del Estado de Coahuila.

A juicio de la entonces PGR, quien interpuso una acción de inconstitucionalidad en 2017, estas normas son inconstitucionales porque violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres, al establecer un tipo penal que prohíbe y sanciona la interrupción del embarazo en la primera etapa de gestión.

Previo a abordar el estudio de fondo, el pleno de la Corte determinó sobreseer por lo que respecta al artículo 13, apartado A, del Código Penal del Estado de Coahuila, en virtud de que dicha norma fue expulsada del sistema jurídico en la acción de inconstitucionalidad 143/2017. En cambio, el pleno consideró que no existen obstáculos para estudiar la constitucionalidad de la norma que se refiere a la violación a cónyuge y otras personas con vínculos similares.

En su exposición, el ministro Aguilar Morales consideró que abordar este tema es histórico para la Suprema Corte de Justicia. Dijo que su proyecto busca defender el derecho de la mujer y su capacidad de gestar para tomar la decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no madre, sin que pese sobre ella una sanción penal de cualquier tipo, “generándole un estereotipo de delincuente, cuando no debe ser así”.

Sostuvo que “no tiene cabida una idea de corte paternalista, que apoye la idea que las mujeres y las personas con capacidad de gestar necesitan ser protegidas de la toma de sus propias decisiones sobre su salud sexual y reproductiva; por el contrario, su derecho a decidir constituye un elemento de materialización de sus derechos fuente”.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sostuvo que “ni la Constitución ni los tratados internacionales han considerado al producto de la gestión como una persona en el sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos”.

Por ello, estimó que “no estamos frente a derechos humanos de dos personas que compiten entre sí. Con todo, existe un interés fundamental del Estado en la preservación y desarrollo del producto de la gestación que deriva de su potencial para convertirse en persona”.

Planteó que “existe un derecho constitucional a interrumpir el embarazo en cuatro supuestos: en un periodo cercano al inicio de la gestión; cuando está en riesgo la salud de la mujer; ante la inviabilidad del feto; y cuarto, cuando el embarazo se haya producido en contra de la mujer, particularmente en los casos de violación”.

Incluso, el ministro presidente consideró que debe invalidarse en su totalidad el capítulo que regula el aborto en el estado de Coahuila, “pues configura un sistema normativo que parte de la base de que toda interrupción del embarazo es un delito”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa indicó que el aborto es un tema que divide a la sociedad y estigmatiza a la mujer. Consideró que “ninguna mujer desea ni quiere abortar (sino que) son diversas circunstancias físicas, económicas, sociales, familiares, las que la obligan a tomar esa difícil decisión”.

Resaltó que “el problema del aborto no se soluciona al criminalizar a la mujer: la solución debe transitar invariablemente por la educación sexual, criminalizar el aborto no evitar su práctica, pero sí asegura que morirán más mujeres en la búsqueda de encontrar una solución a todas las dificultades que conllevan para ella un embarazo y la maternidad no deseada”.

Argumentó que en la recomendación general 35 de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se establecieron las violaciones a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer como la esterilización forzada, el aborto forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada, el embarazo, el abuso y el maltrato de las mujeres y niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, mismas que también —dijo— formas de violencia por razón de género que según las circunstancias pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunció en favor del proyecto con algunas salvedades; una de ellas, al considerar restrictivo que se ciña la interrupción en las primeras 12 semanas de gestación, y planteó que la temporalidad debe ser determinada por cada una de las entidades federativas.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek expuso que “enviar a prisión a la mujer que interrumpe su embarazo es violencia de género y esto está prohibido por nuestra Carta Magna”. Planteó que la postura contra el aborto, además de discriminatoria, está basada en prácticas o costumbres ancladas a concepciones que asignan un rol social a la mujer.

Sin embargo, estableció que “los derechos de la mujer a decidir no son absolutos”, pues a su juicio, “se equivocan quienes en un extremo niegan cualquier valor al producto de la concepción en la etapa en que el feto desarrolla el sistema nervioso y adquiere la capacidad de sentir dolor, placer, de sentirse cómodo, de sentir protección, de sentir hambre”.

Ante ello, estimó necesaria la garantía de las mujeres de que pueden interrumpir el embarazo en instituciones públicas de salud, y que esto sea accesible, confidencial, expedito y no discriminatorio. Planteó que el aborto no puede, sin embargo, convertirse en una política pública de control del embarazo.

El ministro dijo que recibió y leyó todas las posturas que emitieron organizaciones sociales sobre este tema, y dijo respetar a quienes se manifiestan en contra de la despenalización del aborto.

En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en general en favor del proyecto, aunque externó necesario “encontrar el equilibrio entre ambos universos, rechazando una respuesta que impere sobre posiciones polarizadas, es decir, no puede argumentarse una protección irrestricta a la vida, y tampoco una libertad sin límites en todo aquello que ocurre en el cuerpo de una mujer o de la persona gestante”.

Por ello planteó que el derecho de la persona gestante a la interrupción, “solo puede comprender dentro de un breve periodo cercano al inicio de proceso de gestación”.

Pero el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena planteó que la SCJN no debe dejar ambiguo el plazo legal para la interrupción legal del aborto con frases como: “corto periodo” o “breve periodo”, por lo que debe comprometerse con un plazo determinado.

Mencionó que Argentina o Francia permiten la interrupción como máximo a las 14 semanas; o de 18 semanas en Suecia, y de 24 semanas en Gran Bretaña. Apuntó que en el caso mexicano podría establecerse en un periodo de 14 a 20 semanas de gestión por la situación de marginación o problemas para acceder a los servicios de salud.

La ministra Norma Lucía Piña dijo compartir el criterio de la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal del Estado de Coahuila.

Faltan pronunciarse por este tema los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo; José Fernando Franco González Salas y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. El debate en el pleno sobre este asunto continuará este martes.

jorge.monroy@eleconomista.mx