El año pasado, en todo el país se contabilizaron 192,090 solicitudes de quejas por violaciones a derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas. De éstas, 54.7% se desechó, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer el Censo Nacional de Derechos Humanos 2019, el Inegi documentó que 43.4% de las solicitudes fueron aceptadas y se les abrió un expediente, mientras que el restante 1.9% permaneció pendiente de atención.

Asimismo, se registraron 167,409 hechos violatorios en los expedientes, y los más frecuentes fueron: la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública (9.7%), lo que significó que la actuación de autoridades y personal que se encuentra al servicio de la administración pública estuvo fuera de los marcos normativos.

También se registró la detención arbitraria (4.9%); la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos (4.4%); y tratos crueles, inhumanos o degradantes (4.2 por ciento).

En el caso de los estados de la República Mexicana, se observó que en ocho se aceptaron la totalidad de las solicitudes (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Edomex, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora). En la CNDH, el porcentaje de solicitudes aceptadas fue de 38.9 por ciento.

Este censo busca profundizar en las funciones que los organismos defensores realizan como coordinadores de la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia.

Así, se expuso que en 16.8% de las quejas se registró como población afectada en sus derechos relativos al ámbito laboral, ambiental, económico y cultural; mientras que en 15.0% los afectados fueron las personas privadas de la libertad; y en 10.5% las niñas, niños y adolescentes.

Por dependencia

Durante el 2018, las principales instituciones señaladas como probables responsables en los expedientes fueron la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía de la entidad federativa (18.3%); Seguridad Pública estatal u homóloga (10.8%) y ayuntamientos (con 7.9 por ciento).

En cuanto a las 105,047 solicitudes desechadas en la CNDH y los OPDH, 53.0% fue orientada, es decir, existió la posibilidad de asesorar a la persona que interpuso la solicitud.

Respecto de los expedientes concluidos al cierre del 2018, el principal tipo de conclusión fue “solución por conciliación”, con 15.5 por ciento.

Finalmente, la CNDH y los OPDH emitieron un total de 1,814 recomendaciones a las instituciones públicas de los diferentes ámbitos de gobierno: 55.5% para autoridades del ámbito estatal, 37.7% para instituciones del ámbito municipal y el restante 6.8% para el ámbito federal.

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