A más de un año de la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), es urgente que las entidades federativas elaboren sus Políticas Estatales para tener claridad sobre las acciones y estrategias que se desarrollan en el ámbito local para prevenir y sancionar la corrupción, señaló la Fuerza Ciudadana Anticorrupción, una red de 19 organizaciones civiles.

Según el colectivo, al 5 de abril del 2021, sólo 13 estados cuentan con su Política Estatal Anticorrupción (PEA), mientras que 17 están en proceso de elaboración o recibiendo retroalimentación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y dos no han iniciado el proceso de elaboración todavía.

“No contar con una PEA diluye los esfuerzos de los actores locales en el combate a la corrupción y, por lo tanto, hace más difícil la producción de resultados tangibles, condición necesaria para incrementar la confianza ciudadana en los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). Incluso, sin una PEA no se puede avanzar en cuantificar los recursos que se están destinando al combate de la corrupción en cada estado”, advirtieron.

Para los integrantes de red, las Políticas Estatales Anticorrupción son los instrumentos que dan coherencia y rumbo a las acciones de combate a la corrupción en las entidades federativas, por lo que lamentaron que hoy en día sólo 13 han sido aprobadas.

Además de expresar que las PEA deben transversalizar la perspectiva de género, los Derechos Humanos e incluir una pertinencia cultural, con la finalidad de atender a aquellas minorías que históricamente han sido vulneradas por la corrupción.

“Instamos a las Secretarías Ejecutivas, a los Comités de Participación Ciudadana y Social, así como a los Comités Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción que no han iniciado con la elaboración de su PEA o que se encuentran en su desarrollo, a observar estas buenas prácticas y acelerar el proceso para no retrasar más las acciones en materia de combate a la corrupción. De igual forma, se espera que los estados con PEA aprobada observen estas buenas prácticas en su implementación”, expresaron las organizaciones.

maritza.perez@eleconomista.mx