El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que pugnará por la aprobación de la iniciativa que presentó para expedir la Ley de Retiro para los ex presidentes de México, a fin de acotar y transparentar los recursos son destinatarios a los ex mandatarios y sus beneficiarios.

Además de una pensión equivalente al sueldo de un Secretario de Estado, de acuerdo con disposiciones administrativas, reciben pensiones millonarias y diversas prestaciones y servicios, como el pago de bonos; aguinaldos; compensaciones; salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico; automovilístico y servicios domiciliarios como predial, agua, luz, jardinería, etcétera , criticó el coordinador perredista en San Lázaro.

Martínez Neri añadió: no hay una ley aprobada por el Congreso que justifique este tipo de beneficios para los ex presidentes, sus cónyuges, viudas o hijos .

El legislador afirmó que las pensiones a ex presidentes se otorgan desde el 31 de marzo de 1987, cuando se firmó el acuerdo por el que se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo disfrutarán de por vida de una pensión equivalente al sueldo total de los servidores públicos que ocupan el cargo de Secretario de Estado, y año con año se aprueban los recursos para ese propósito.

Año con año, en la discusión presupuestal, el PRD ha sido firme en su rechazo a entregar estos apoyos discrecionalmente. Nuestro grupo parlamentario ha hecho reservas para destinar esta partida millonaria a otros requerimientos urgentes , afirmó

Martínez Neri recordó que presentó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, en la que propone que los ex mandatarios con vida recibirán pensión mensual equivalente a 25 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, gratificación de fin de año por igual monto y personal estrictamente necesario para su seguridad y la sus familiares, siempre y cuando lo solicite a la dependencia y se justifique a juicio de esta autoridad la prestación del servicio.

Prevé que la pensión por retiro y los beneficios podrán suspenderse en caso de que reciba ingresos por algún empleo, cargo o comisión en el gobierno o alguna empresa productiva del estado, empresas u organismos desconcentrados o descentralizados, o de cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, incluidos los pagos en especie.

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