La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) abrió sus puertas a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las procuradurías general de la República (PGR) y General del estado para que “inspeccionen las Bases de Operaciones del Estado de Tamaulipas y Nuevo León” para la búsqueda de 23 personas reportadas como desaparecidas y que documentó la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Además, la institución naval informó que desde el pasado 1 de junio fue concentrado en la Ciudad de México el personal que laboraba en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, y que se ordenó respetar las labores del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que sostiene han sido desaparecidas 40 personas de febrero a mayo del 2018.

En un documento dirigido a la opinión pública, la Semar en siete puntos sostiene que “se dio cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la CNDH, relacionadas con casos de violación a los derechos humanos en Nuevo Laredo”.

“No obstante que no es su competencia, ni atribución de la Semar el realizar búsqueda de personas desaparecidas, se instruyó a los mandos de la Primera Región Naval en Tamaulipas y la Unidad de Operaciones Especiales, así como otra unidad que desarrolle actividades en la citada entidad y en el caso de localizar a las personas desaparecidas o algún cuerpo sin vida, informe de manera inmediata a la autoridad correspondiente”.

La Semar hace de conocimiento que el Órgano Interno de Control iniciará los procedimientos administrativos e investigación y que a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la PGR se les hizo patente la disposición para colaborar en las diligencias y requerimientos de información que se desprendan.

En relación a los testigos y sus familias, se ordenó que “las unidades navales se abstengan de realizar actos de molestia que carezcan de motivo y fundamento u orden de autoridad competente, además de permitir al persona del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, realicen sus funciones con plena seguridad y sin ser objetos de actos de violencia o intimidación”.

Es un avance”

El cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Marina es un avance importante, consideraron las ONG de la región.

La directora y fundadora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, de Nuevo León, Consuelo Gloria Morales Elizondo, dijo en entrevista telefónica que las medidas implementadas por la Semar como la búsqueda de las personas desaparecidas y la puesta a disposición de personal militar vinculada a los casos de desaparición es un avance y al mismo tiempo una alerta sobre la Ley de Seguridad Interior.

“No se trata de buenos contra malos, sino de que son áreas de competencia en las cuales hay gente formada, especializada para ello, entonces traer a la gente a los militares, a los marinos, a tareas de seguridad pública, en un momento dado ante situaciones muy graves o delicadas, pudieran estar justificadas, pues la verdad es que nos ha traído situaciones muy dolorosas como ésta”, indicó.

Morales Elizondo agregó que esta resolución puede abrir la puerta para que realmente haya un Estado de Derecho en donde ciudadanos, pero también militares, estén bajo el mandato de las leyes.

Por su parte, Josefina de León Mendoza, fundadora de Red de Desaparecidos en Tamaulipas AC, indicó que es un buen paso el que se investigue a fondo los hechos de las desapariciones denunciadas ante Naciones Unidas.

“Tengo entendido que se están haciendo las investigaciones correspondientes a esos casos, en un inicio se hablaba de una cantidad de veintitantos, después están documentados 53 y sí, efectivamente, lo atrajo la PGR”, expuso.

Mendoza denunció que además de los militares inmiscuidos en desapariciones como el documentado, hay también una gran cantidad de casos en los que las policías municipales han estado involucradas por lo que, dijo, se necesita trabajar aún más.

De acuerdo con los registros de las ONG consultadas, en Nuevo León hay 1,426 casos de desapariciones sin resolver entre el 2009 al 2018; en lo que va de éste año se han registrado 17 desapariciones más.

En tanto que en Tamaulipas hay 7,761 casos de desapariciones entre el 2008 y el 2017 aún sin resolver, mientras que en lo que va del año las ONG han contabilizado 316 casos.

Acceso de recursos a víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció que flexibilizará el acceso de recursos económicos a las víctimas de personas desaparecidas para casos en los que se necesiten exhumar cuerpos o cuando se generen gastos funerarios.

“Los gastos funerarios que derivan de exhumaciones en las que se encuentren cuerpos u osamentas de víctimas desaparecidas podrán cubrir: el servicio funerario y el traslado del cuerpo, o los restos”, indicó.

El proceso, afirmó la dependencia, tardará máximo 48 horas, 24 para que se autorice, y 24 para que se realice el depósito a la víctima directa o indirecta.

A dos años del enfrentamiento

Preocupa a ONU caso Nochixtlán

La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lamentó que a dos años de los hechos suscitados en Nochixtlán, Oaxaca, aún no se hayan esclarecido ni generado responsabilidades por lo sucedido.

El 19 de junio del 2016 en la localidad de Nochixtlán se enfrentaron maestros que protestaban por la implementación de la reforma educativa, con fuerzas de seguridad pública tanto de nivel local como federal, resultando, de acuerdo con las versiones oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad, 108 heridos y seis muertos; sin embargo, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que hubo siete muertos y unos 280 heridos.

“Para la ONU-DH es preocupante que desde que ocurrieron los hechos, en diversas declaraciones públicas el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes y rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos de hace dos años. A lo largo de este tiempo, han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con la que se ha conducido la investigación”, comunicó la ONU-DH.

Agregó que la sanción de los responsables es indispensable para que el caso no quede en la impunidad. “Además, es necesario (...) evitar que el actuar de las fuerzas de orden en situaciones similares culmine en afectaciones indebidas”, indicó. (Héctor Molina)

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