Cientos de familiares y amigos volvieron a marchar en la capital del país para exigir la liberación de 14 personas consignadas tras los disturbios ocurridos el pasado 1 de diciembre.

Del Monumento a la Revolución caminaron por Avenida Juárez, para arribar a la Secretaría de Gobernación, posteriormente caminaron hacia Eje Central y de ahí se dirigieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se analiza la posibilidad de derogar el artículo 362 del Código Penal local, referente a la perturbación de la paz pública, para tomar camino hacia el zócalo de la ciudad de México.

El órgano legislativo estaba resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para evitar cualquier confrontación.

Tras permanecer un momento, los manifestantes continuaron hacia el edificio del Gobierno central, donde realizaron un mitin. Derogación al artículo 362 del Código Penal del DF , Exigimos la liberación de los 14 presos políticos , se leían en algunas de las pancartas que portaban los familiares y amigos de los consignados.

Integrantes del Frente de Familiares Unidos por los Presos del 1 de Diciembre, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y del Movimiento YoSoy132, encabezaron la manifestación.

Una comisión de padres se reunió con el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José Ochoa, para exigir la pronta liberación de los detenidos.

Las personas detenidas, consignadas y formalmente presas están acusadas por el delito de ataques a la paz pública, debido a los disturbios en el Centro Histórico, suscitados en el marco de la toma de protesta de Peña Nieto como presidente de la República.

El artículo 362 del Código Penal local establece que se impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.

veronica.macias@eleconomista.mx