El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por unos 50 colectivos y asociaciones civiles de 18 estados del país, prepara las movilizaciones del próximo 30 de agosto, con el fin de demandar al nuevo Congreso de la Unión, que arranca en septiembre, que se concreten las herramientas jurídicas para el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y que lleven a cabo la búsqueda de 37,000 personas desaparecidas.

Cifras —defendió el movimiento— que son oficiales y reiteradas por las organizaciones internacionales que analizan la problemática en el país, la cual se incrementó a partir de los gobiernos del panista Felipe Calderón y el priista que continúa al frente, Enrique Peña Nieto, lo que agravó las desapariciones sin que hasta ahora se haya tenido una respuesta contundente del Estado mexicano.

En esa integración, de igual forma, participan familiares de personas desaparecidas que provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente, quienes intentaron cruzar por territorio mexicano con destino hacia Estados Unidos, al huir de la violencia que padecen en sus naciones de origen.

Los integrantes del colectivo tuvieron un acercamiento con Alejandro Encinas y la ministra jubilada y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quienes le presentaron una agenda del movimiento que nació en el 2015, respecto de conocer el paradero de sus familiares y “acceder a la verdad, justicia y trabajar para la no repetición” de casos en entidades como Coahuila, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Morelos y Michoacán, entre otras.

Las familias que integran los colectivos anunciaron que en la movilización el lema será: “La esperanza no desaparece, seguimos buscando” y se exigirá la búsqueda efectiva e inmediata, así como la implementación eficaz de la “#LeyDesaparición, verdad, justicia y no repetición”.