Al demandar que el Senado de la República no se convierta en mera “una oficina de trámite” del titular Ejecutivo federal, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, se pronunció en contra de la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El abogado acusó que actualmente jueces y magistrados enfrentan presiones que vulneran su autonomía. 

Cabe destacar que la iniciativa firmada por el Ejecutivo Federal propone modificar siete artículos de la Constitución; expedir dos nuevas leyes federales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, y reformas a cinco ordenamientos legales con el propósito de combatir el nepotismo, la corrupción y acabar con la impunidad dentro del Poder Judicial, así como garantizar una justicia eficaz por parte de Jueces y Ministerios Públicos. 

Durante el Parlamento Abierto convocado por el Senado de la República, el magistrado Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C, dijo que “estamos viviendo un ambiente donde hay ataques persistentes a la independencia judicial, los juzgadores estamos viviendo momentos de inquietud. Es nuestra percepción. Yo vivo y atiendo las preocupaciones de muchos compañeros y hay esa inquietud porque no se está respetando su independencia subjetiva”. 

Afirmó que México y el mundo viven una pandemia de dimensiones catastróficas, lo que ha cambiado las prioridades presupuestales, ya que la pobreza se va a incrementar a niveles nunca visto. 

Indicó que la reforma propuesta requeriría de recursos para operar, pues de lo contrario sería “letra muerta”. Por ello consideró que si en verdad se requiere mejorar la administración de justicia para los más necesitados, se debe modificar o acelerar los mecanismos de solución pacífica de controversias y apostar por la digitalización.  

“Si deberás estamos atendiendo las prioridades debemos ser sensibles a los rezagos, a las violaciones de derechos humanos, feminicidios, desaparición forzada, tortura, tenemos leyes pendientes de instrumentarse. Ahí están las prioridades”, comentó. 

Argumentó que la pandemia ha provocado un grave impacto económico, por lo que “una reforma judicial sin el presupuesto está condenada a ser letra muerta”.  

Afirmó que si lo que se busca es combatir el nepotismo, la corrupción y acabar con la impunidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han emitido acuerdos para resolver esas problemáticas.  

Con esas políticas se ha resuelto satisfactoriamente estos problemas que fueron señalados por la opinión pública”, destacó. 

El Magistrado criticó que en el Parlamento Abierto del Senado, “hay puros amigos, no veo a representantes de organizaciones de la sociedad civil; colegios y barras de abogados. Es un proceso que se ha hecho cupularmente y no ha sido ampliamente discutido”. 

Al pronunciarse sobre el contenido de la iniciativa,  se manifestó en contra de desaparecer la facultad de la Suprema Corte de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.  

Argumentó que la revisión administrativa es el único recurso que tienen jueces y magistrados, por lo que “debe fortalecerse con base en lo establecido por el relator de Derechos Humanos, incluyendo la constitucionalidad de las normas”. 

Dijo que preocupa que el CFJ designe órganos para conocer violaciones graves a los derechos humanos, porque viola el artículo 13 de la Constitución y compromete la independencia de los juzgadores. “Se les quita a los titulares de órganos jurisdiccionales la facultad de designar a su personal”, reprochó. 

jorge.monroy@eleconomista.mx