Los casos de las constructoras que vendieron casas al presidente Enrique Peña Nieto y a su familia, y que luego fueron beneficiadas con contratos millonarios de obra pública, aceleraron la discusión sobre la implementación de un sistema nacional anticorrupción.

Sin embargo, también desviaron la atención de lo que realmente se necesita en ese tema, que es la construcción de mecanismos efectivos de prevención, disuasión, correctivos y sancionadores de actos ilegales de los servidores públicos, planteó Cristopher Ballinas.

El académico del ITAM e investigador de temas de anticorrupción y transparencia expuso que se trata de buenas ideas, pero ninguna de las propuestas que se analizan en el Congreso considera cómo van a interactuar las instituciones que existen para atender esa problemática.

El también ex candidato a ocupar un asiento en el Consejo General del IFAI dijo que una cosa es decir querer combatir la corrupción y otra es ver a través de qué mecanismos.

Mencionó que el gran error que cometieron los legisladores fue proponer primero un mecanismo, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y luego quieren definir el objetivo. Es por ello que ahora será muy difícil que un sistema anticorrupción resuelva la problemática que se vive porque no se tiene caracterizado el fenómeno que se quiere combatir. Al final lo que vamos a tener y construir son nuevos elefantes blancos (añadidos) a toda la constelación de instituciones que ya existen , dijo.

Puso como ejemplo el hecho de que ya se tiene a la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de auditar el gasto; la Secretaría de la Función Pública, que se encarga de auditar la gestión y el actuar de los funcionarios públicos, y las contralorías internas, que tienen la misma tarea pero a nivel local de cada dependencia. Luego se tiene al IFAI que se encarga, de alguna manera, de coadyuvar a que se transparenten los procesos, que se caracterizan por ser bastante oscuros; pero el gran problema es que ninguno de ellos interactúa entre sí.

Planteó que en el caso concreto del IFAI se espera es que el 6 de febrero, a más tardar, quede aprobada la Ley General de Transparencia, que le va a dar otro sentido al trabajo que realiza el organismo y que tiene que ver con homogeneizar todos los procesos que hay en los tres órdenes de gobierno para resolver a solicitudes de acceso a la información pública. Eso sí ayuda al combate a la corrupción, pero sólo en su manera preventiva.

En cambio, las otras instituciones lo hacen de manera ex post; es decir, una vez que sucedió algún hecho de corrupción. Yo lo que desearía de la aprobación de ese sistema nacional anticorrupción es que se crearan las bases, los métodos para los cuales las instituciones que ya existen interactúen de una manera integral y homogénea para poder tanto prevenir como remediar y, en su caso, castigar los actos de corrupción.

"Al final lo que vamos a tener y construir son nuevos elefantes blancos (añadidos) a toda la constelación de instituciones que ya existen .

Entonces, lo que vamos a tener es una muy buena Ley General de Transparencia; se van a empezar a homogeneizar criterios, pero el otro lado las partes remediales del combate a la corrupción no van a ser totalmente integradas porque el sistema anticorrupción, por lo menos hasta el momento, como están contempladas en las tres iniciativas que analizan las comisiones encargadas de integrar el dictamen que se pondrá a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, que es donde se encuentra el proceso legislativo de ese asunto, no lo plantean , expuso.

El investigador del ITAM refirió que un problema importante en la construcción de entidades y estrategias para el combate a la corrupción en México es que los legisladores, que son los encargados de legislar al respecto, tienen pocos incentivos para generar los instrumentos para vigilarse a sí mismos.

diego.badillo@eleconomista.mx

mrc