En los discursos, la transparencia se reconoce como incómoda para los algunos entes obligados. En municipios de Chiapas es real la incomodidad, incluso hay sanciones para los interesados.

El atrevimiento de cuatro jóvenes al solicitar información, a través de la ley de transparencia estatal, sobre la situación en sus comunidades les significó: molestia de las autoridades y, a Mariano, la expulsión simbólica de su territorio, además de ser marginado por los programas de ayuda federales o locales y tal vez le sean retirados los servicios básicos.

Los otros tres jóvenes actualmente están advertidos de hacerse acreedores a la misma sanción, en caso de seguir con la pretensión de elaborar y presentar solicitudes de información en Chenalhó.

Deyanira Clériga Morales, integrante de la organización civil Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, en aquella entidad, comentó que se intentó recurrir al órgano garante estatal, pero ahí les indicaron que para proceder con el recurso de revisión, éste debía estar firmado y avalado por la autoridad -la que promovió los castigos. En septiembre, un grupo de jóvenes tomó la decisión de ingresar solicitudes de información, para conocer detalles de las obras públicas en sus comunidades.

Hicimos un formato, revisamos las leyes y se hicieron las solicitudes, fueron cinco solicitudes, de cuatro comunidades , explicó Clériga Morales.

La acción no agradó al presidente municipal de Chenalhó, José Arias Vázquez. Nos mandó tres citatorios para aclarar la situación, porque no le gustó que la gente pidiera información, porque supuestamente eso era competencia sólo de las autoridades . Los jóvenes se reunieron con el funcionario, quien estaba consternado .

Días después, el alcalde promovió la firma de un acuerdo que prohibió la entrada -a la organización civil- a las comunidades. La acusó de malinformar y alterar la paz social; incluso serían juzgados con base en usos y costumbres, esto implicaría pagar una multa de 100,000 pesos o quemarlos.

El 11 de octubre, a los compañeros de Pajaltoj, las autoridades les dijeron: ‘ya sabemos que están pidiendo información y que están participando en los talleres (de capacitación), entonces queremos que nos paguen la multa, porque eso no se puede hacer’. A Mariano le ponen una multa de 4,000 y a los otros tres de dos cajas de refrescos . Los jóvenes solicitantes rechazaron la medida. Les dieron como plazo dos meses para cumplir con la sanción.

En enero se volvió a reunir la comunidad en asamblea, pidieron pagar la multa y como no pagaron a Mariano lo expulsaron, los otros tres están amenazados .

Cabe mencionar que de acuerdo con el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho al Acceso de Información, exhibido por organizaciones civiles, a principios de enero, el órgano garante en Chiapas obtuvo una calificación reprobatoria, al evaluar sus deberes, como son: transparencia, promoción del derecho al acceso de la información y resolución de controversias.

En aquella entidad, a pesar de los obstáculos, sanciones y amenazas, Clériga Morales mencionó que sus actividades de impartición de talleres se mantienen, mismas en las que participan mayoritariamente personas de 20 a 55 años de edad. Aunque sí hubo un pequeño desánimo en la presentación de solicitudes.

jose.reyes@eleconomista.mx