El Senado de la República tuvo una discusión maratónica sobre la minuta de la Ley de Seguridad Interior y los cambios que realizaron a nueve de los 34 artículos que la componen. Ello, a la par de las últimas horas del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

De acuerdo con el número de senadores que manifestaron su respaldo a lo largo de los 14 días que ha estado la minuta en la Cámara Alta, la votación se inclinaba para avalar el proyecto.

Para la discusión en lo general, se anotaron más de una treintena de oradores y la oposición se reservaría los 34 artículos de la ley para su discusión en lo particular, por lo que su votación en el pleno se llevaría a las primeras horas de este viernes.

La Ley de Seguridad Interior tiene por objeto regular la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública.

El documento señala que corresponderá a la Secretaría de Gobernación la aplicación de la ley, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, las Fuerzas Federales, Fuerzas Armadas y otros órdenes de gobierno.

Al presentar el dictamen, la senadora Cristina Díaz (PRI) expuso que en él “se establece a la seguridad interior dentro del marco constitucional y de convencionalidad como referente fundamental para la vigencia de los derechos humanos”.

Insistió que “se trata de regular su actuación y debida intervención a través de la coordinación y bajo el mando de la autoridad civil, del gobierno de la República, y no de manera autónoma y sin mecanismos de control”.

El ordenamiento define como rectores en el ejercicio de las atribuciones de la seguridad interior: la racionalidad, la temporalidad, la subsidiariedad, la gradualidad así como las obligaciones de uso legítimo de la fuerza.

Prevé además que los actos realizados por las autoridades deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales.

Para que se dé la intervención de las Fuerzas Armadas y las autoridades policiacas federales en el territorio nacional, la ley establece un procedimiento regulado en una figura llamada “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

Lo anterior implica que las capacidades institucionales locales fueron superadas y hay insuficiencia en la participación de entidades federativas y municipios para garantizar la seguridad.

El presidente de la República podrá ordenar por sí mismo a petición de las entidades federativas —ya sea a través del Congreso o bien del Ejecutivo local— la intervención de las autoridades federales para la implementación de lo que se denomina como acciones de seguridad interior.

Hasta el último día, organismos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México se opusieron a esta ley y solicitaron abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país.

En respuesta, el gobierno de México envió una carta dirigida al alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, en la que emitió un extrañamiento por las críticas que hizo sobre la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

De ser aprobada por el Senado de la República, la minuta de la Ley de Seguridad tendría que ser enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación, instancia que abrió un receso anoche y que programó reanudar su jornada en los primeros minutos de este viernes.

recta final del periodo

Hasta ayer en la noche —el último día del periodo de sesiones puede ser hasta este 15 de diciembre— seguían pendientes de la agenda legislativa en materia de combate a la corrupción, como los nombramientos de los titulares de las fiscalías Anticorrupción y General de la República, así como de los 18 magistrados que tendrán bajo su responsabilidad sancionar a funcionarios que cometan actos de colusión.

La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal, y del 1 de febrero hasta el 30 de abril.

Así, los senadores que integran la LXIII Legislatura tendrán tres meses del próximo año —cuando habrá elecciones en todo el país— para intentar desahogar temas pendientes y que no alcancen a sacar en este cierre.

Al inicio de este periodo ordinario de sesiones —a partir del 1 de septiembre del 2017—, las actividades legislativas se vieron empañadas por un conflicto poselectoral que dejaron los comicios de junio pasado, en particular la disputa que hubo entre los partidos de la coalición PRI-PVEM-Panal y el PAN, por la gubernatura de Coahuila.

En el orden del día de la sesión ordinaria en lista estaba el proyecto de decreto que tiene como objetivo modificar las disposiones sobre el pase de procurador a fiscal general de la República, el cual sería discutido ya para el viernes, al prolongarse la sesión del jueves en el Senado.

Asimismo, se estaba a la espera de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la terna de aspirantes a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales.

Las modificaciones

  • El artículo 1 precisa que las disposiciones de la ley son materia de seguridad nacional, en términos de lo dispuesto en la Constitución.
  • El artículo 7 especifica  que los actos de las autoridades deberán respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con la Constitución y tratados internacionales.
  • En el artículo 8 se elimina el término “pacíficamente” en referencia a las movilizaciones de protesta social que no podrán ser consideradas amenazas a la seguridad nacional.
  • El artículo 10 determina la aplicación supletoria de las leyes de seguridad nacional y general del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
  • El artículo 16 delimita el ejercicio de las acciones del Ejecutivo, para evitar la discrecionalidad de actos por encima de la declaratoria de protección a la seguridad interior.
  • En el artículo 21 se establece que los grupos interinstitucionales que coordinen a las Fuerzas Armadas estarán sujetos a lo dispuesto en los esquemas diseñados por la Segob.

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