Héctor Marcos Díaz Santana, nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reconoce un escenario complicado para las elecciones por venir en el 2018. Ante ello, considera que durante su gestión se dará prioridad al combate en la utilización de recursos públicos en campañas electorales, al financiamiento ilícito y a la compra y coacción del voto.

“Esas pueden ser nuestras principales prioridades a trabajar en materia de justicia penal y obviamente tenemos que atender todo el catálogo”, detalla a El Economista, al tiempo que relata que combatir el turismo electoral es una encomienda que le han pedido los legisladores específicamente.

Dicha actividad, añade, consiste en movilizar a la población de una localidad a otra con el objetivo de que sufraguen en favor de un candidato.

En este sentido, el fiscal puntualiza que la institución es responsable de sancionar directamente a las personas y las conductas más graves que afectan el libre ejercicio del sufragio, como violentar la secrecía del voto y la alteración de los resultados electorales, por lo que se asumirá, de cara al 2018,  la responsabilidad  de consolidar a la Fiscalía como “un área de responsabilidad para la impartición de justicia penal” y buscará agilizar la conformación de las averiguaciones previas.

“Cuando uno interpone un recurso ante un Tribunal Electoral, éste actúa demasiado rápido, pero la vía penal es una vía mucho más lenta, entonces nuestro principal objetivo va a ser integrar 70% de las averiguaciones, de las carpetas de investigación, en un término de seis meses, ese va a ser uno de los prefijos”, arguye.

Asimismo, expone que en materia de combate a la corrupción electoral la Fepade generará “dos alianzas estratégicas”, una con organizaciones civiles dedicadas a la problemática y la otra directamente con el ciudadano para fortalecer e impulsar la denuncia.

“Tenemos que trabajar en acciones en las que hagamos al ciudadano más responsable durante los procesos electorales; ¿qué quiere decir?, lo que le llaman la cultura de la legalidad, pero también en la presentación de denuncia”, enfatiza.

En el contexto del inicio de las precampañas presidenciales, Díaz Santana señala que persisten alrededor de 4,000 averiguaciones previas pendientes de procesamiento al interior de la Fepade, por lo que una de las acciones inmediatas que se tomarán será la conformación de un grupo de trabajo que pueda desahogarlas en un plazo no mayor a tres meses.

“la PRESIÓN política”

Han pasado casi dos meses desde que el anterior fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, fue destituido.

Sobre las presiones políticas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Díaz Santana opina que muchas son causadas por los actores que llevan los asuntos a los medios de comunicación algo que, dice, se buscará erradicar.

“Yo he hablado sobre construir institucionalidad democrática, es decir, ser responsables cada quién en el ámbito de nuestra competencia y si alguna persona cometió un delito electoral, que este asunto se litigue en los tribunales y no en los medios de comunicación”, asegura.

En el caso de la ciudadanía y la desconfianza que pueda mostrar hacia la institución, el fiscal tiene claro que lo que busca la sociedad “son resultados”; no obstante, afirma, hay casos en los que se debe guardar secrecía para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Nosotros sí tenemos la obligación en un momento dado de actuar en el estricto apego a la ley. Si la ciudadanía a lo mejor quiere que hagamos pública las investigaciones pues obviamente en este proceso la ley nos lo impide, pero si existe el hecho ilícito se va a consignar y cuando la consignación llegue ante un juez el juicio es público y ahí es donde la ciudadanía se dará cuenta de los resultados que desarrolla esta institución”, refiere.

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