El Senado concretará mañana la creación de una fiscalía nacional contra la corrupción para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, y también será la encargada de la investigación y persecución del lavado de dinero, producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.

El pleno discutirá y votará la reforma al Artículo 120 de la Constitución para ordenar la creación de la fiscalía, que operaría como un órgano autónomo.

Además se propone la creación de un registro nacional de situación patrimonial de servidores públicos, que incluye los registros de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios y organismos autónomos, al cual tendrá acceso sin restricción la fiscalía.

Debe aclararse que la obligación de recibir, revisar y conservar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; es responsabilidad de los poderes de la Unión, estatales o municipales, además de los órganos del gobierno federal, estatal y municipal, y de los órganos constitucionales autónomos, pero la suma de todos constituye el registro nacional de declaración de situación patrimonial de los servidores públicos , precisa el Senado en su iniciativa.

El dictamen que, una vez aprobado será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y respectiva aprobación, indica: La corrupción y el lavado de dinero tienen impacto negativo en los campos social y político, así como en la economía nacional, ya que las prácticas corruptas vacían las arcas de los estados, arruinan el comercio y reducen la tasa de crecimiento de un país .

El documento detalla que, conforme estimaciones del Banco Mundial, la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de cualquier país entre 0.5 y 1 punto porcentuales por año, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.

Éstos serán considerados como delitos contra la economía nacional y aplicables a todos los integrantes de los poderes de la Unión, de los poderes públicos de los estados, municipios y órganos constitucionales autónomos que cometan estos delitos , indica el dictamen.

La designación del titular de la fiscalía sería a convocatoria emitida por el Senado, que con el voto de las dos terceras partes de los presentes lo designará.

El cargo tendrá duración de ocho años y el encargado podrá ser reelegido una sola vez. El dictamen también precisa que el encargado podría ser removido.

Esta fiscalía nacional funcionará como un órgano de equilibrio constitucional y político que, bajo parámetros constitucionales, desempeñe su función y que cimiente su organización y estructura para que su funcionamiento sea independiente al poder político, al contar con autonomía orgánica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios , explica el Senado.

Esta iniciativa ya fue aprobada en comisiones y se espera que mañana no enfrente obstáculos en el pleno.

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