Que el mecanismo mexicano de protección a periodistas tenga solamente 45 empleados para lidiar con cerca de 1,500 beneficiarios, es una traba evidente para la eficacia de las medidas de protección, acusó la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Durante una mesa de análisis convocada por la oficina de RSF en América Latina para discutir los desafíos del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores y Periodistas en México, el cual se enmarca en el lanzamiento del informe “Bajo Riesgo”, que analiza los mecanismos de protección de periodistas en cuatro países de América Latina, defensores y expertos en la materia coincidieron en que es necesario cambios urgentes al mecanismo para garantizar la protección de los comunicadores y hacerlo efectivo.

Erick Martín Salas, director general del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, argumentó que el mecanismo no fue creado ni cuenta con atribuciones para erradicar la violencia generalizada que existe en los estados que impacta a toda la población.

Además de que no puede implementar directamente acciones para la prevención del delito ni investigar delitos ni abatir la impunidad en los casos, sin embargo, señaló que fue gracias a la voluntad política de las entidades que se dio inicio a la creación de mecanismo locales, lo cuales, reconoció que carecen de coordinación con entes federales y que empiezan a generar la desarticulación de la información.

“Uno de los principales problemas que debemos visualizar es la impunidad”, subrayó el funcionario federal.

Impunidad

Por su parte Daniel Zapico, oficial en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, señaló que aunque hay avances en el mecanismo de nuestro país, la herramienta seguirá siendo insuficiente mientras persista la impunidad en los casos, por lo que, dijo, es fundamental que las diferentes autoridades asuman su responsabilidad y avancen en garantizar un ambiente de seguridad para el gremio periodístico.

“La comunicación y articulación es fundamental y es uno de los grandes retos. Es uno de los ámbitos donde todavía queda mucho por trabajar y avanzar, y que todas las autoridades cumplan con sus misiones de manera que contribuyan con la protección”, expresó.

En tanto, el director de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié, recordó que México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa de todo el mundo, pues de ocho periodistas asesinados en América Latina en lo que va de año, seis fueron en México.

Lamentó que, pese a este alarmante dato, las fallas del mecanismo persisten. “Los mecanismos no pueden entenderse como engranajes aislados con la única finalidad de velar por la seguridad física”.

El informe de RSF concluyó que el mecanismo mexicano es demasiado aislado y tiene una capacidad operativa insuficiente.

Añadió que la falta de personal genera sobrecargas de trabajo y retrasos en la evaluación de riesgos, con al menos nueve periodistas que fueron asesinados encontrándose bajo protección del Estado, entre 2011 y 2020.

También se indicó que los escoltas, como los analistas de riesgos, están poco formados sobre cuestiones relativas a igualdad de género o sobre las especificidades regionales de las zonas sobre las que actúan y que algunos refugios temporales utilizados para la reubicación de periodistas amenazados se han transformado en domicilios permanentes.

maritza.perez@eleconomista.mx