El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas Suárez, refirió que en la aún no aprobada Ley General de Archivos se deben evitar contradicciones que permitan la clasificación de información histórica como confidencial.

Y es que luego del lanzamiento del proyecto Memoria y Verdad, con el que buscan poner a disposición del público la información relativa a 15 episodios nacionales donde se presumen violaciones graves a los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades federales están permitiendo la clasificación de información.

El problema que hay detrás en torno a este proyecto es que ahora hay una contradicción en la Ley de Archivos, que permite clasificar información histórica como confidencial; y ahí nuevamente lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con que la Ley de Archivos no contravenga lo que se está ganando en transparencia y que quede muy bien normado que la información histórica no puede ser confidencial , dijo en entrevista con El Economista.

Salas Suárez se refiere a documentación contenida en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN), donde no se deja que se consulte esa información; eso es ahora posible porque lo permite la ley , lo que ha generado manifestaciones de rechazo entre académicos, periodistas e investigadores.

Si hay información que es pública en donde estuvieron involucrados servidores públicos que presuntamente cometieron este tipo de graves violaciones a los derechos humanos, es información a la cual la opinión pública y la población en general deben tener acceso , expuso el comisionado.

En este sentido, refirió que la confección de la Ley General de Archivo es una de la piezas que está pendiente dentro de la reforma al Artículo 6° constitucional.

Salas Suárez detalló que el proyecto Memoria y Verdad tiene relevancia, ya que con él se busca la reescritura de la memoria de los hechos que se han registrado en los últimos años, en los cuales se produjeron graves violaciones a los derechos humanos.

Lo que permitirá es que esta historia, esta memoria, se reconstruya, se reescriba no sólo a partir de la voz oficial, sino de la pluralidad de voces que están en la sociedad , manifestó.

Memoria y Verdad consiste en sistematizar y poner en una plataforma toda la información relativa a 15 episodios graves, por lo menos, en donde se presume que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos.

Hechos como los ocurridos en Acteal, Aguas Blancas, Apatzingán, Atenco, Ayotzinapa lo que sucedió en el 2011 y en el 2014 Cadereyta, Campo Algodonero, el Halconazo, la Guardería ABC, San Fernando en los hechos del 2010 y el 2011, la Guerra Sucia ocurrida en los años 70, Tlatelolco y Tlatlaya.

Estamos trabajando de la mano con algunas organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Artículo 19, Fundar, el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos y el Centro PRODH , dijo.

Salas Suárez adelantó que para el próximo año se suscribirá la declaratoria del proyecto Memoria y Verdad, en la que estas organizaciones, el Inai y algunas instituciones como la PGR, Segob, SRE, Sedena, Semar, CNDH y SCJN se comprometan a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

A garantizar la no repetición y, a partir de la publicidad de la información, evitar la impunidad y el olvido. La verdad es el primer paso para recuperar la confianza en el Estado , dijo.