El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo que no habrá represalias contra los elementos de la Policía Federal que participaron en las manifestaciones de este miércoles y que tomaron las instalaciones del Centro de control en Iztapalapa, pero aclaró que no hay marcha atrás en la creación de la Guardia Nacional.

“No vamos a sancionar a los elementos, no es necesario hacerlo. Lo vamos a resolver por la vía del diálogo y en el marco de la ley”, dijo.

En conferencia de prensa, Durazo Montaño refirió que a los elementos que no acepten ser transferidos al nuevo cuerpo militar se les ofrecerán las opciones para laborar en el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Protección Federal, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o la Administración General de Aduanas.

Además, sostuvo que las prestaciones de las dependencias involucradas en la Guardia Nacional mejorarán, por lo que los elementos de la PF contarán con seguro de gastos médicos privados y prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). “No debe haber motivo de preocupación para ninguno de los elementos de la Policía Federal (...) En ningún momento será violentado ninguno de sus derechos que tengan que ver con sueldos, prestaciones, antigüedad o grado”.

Qué hay con la PF al crear la guardia nacional

De acuerdo con el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, publicada el pasado 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, la SSPC “garantizará que los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal”.

La ley señala que la dependencia federal establecerá con el ISSSTE los acuerdos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones, así como la instalación de una Unidad de Transición con los recursos necesarios para cumplir con las tareas relativas a la transferencia gradual de recursos humanos, financieros y materiales, y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal.

Igualmente, la ley decreta que tanto la dependencia de seguridad federal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para el pago de los pasivos a cargo de la Policía Federal.

Según lo anterior, en un plazo no mayor a 18 meses se deberá concluir la transferencia de todas las divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

Ayer, a pesar de que las autoridades federales establecieron una mesa de negociación con un grupo de representantes de la Policía Federal, los elementos decidieron romper con el diálogo y refrendar la toma de instalaciones del Centro de mando en Iztapalapa.

La coordinadora de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, ofreció dialogar con los policías federales, pero en respuesta recibió gritos, golpes y empujones, que la llevaron al suelo.

Finalmente, los uniformados ofrecieron liberar las instalaciones hasta que Durazo Montaño se presente en la sede central de la corporación y atienda las demandas de los inconformes.