La nueva Ley para la Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, pendientes de aprobación en el Senado de la República, no deben incluir medidas prohibitivas y discriminatorias que impidan la libertad individual y de acción de las personas.

En cambio, refiere el estudio Cannabis, de las resoluciones judiciales a la legislación, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, la legislación en ciernes deberá permitir “la construcción de políticas públicas no sólo para lo relativo a la salud sino también para fomentar el desarrollo del campo mexicano a través de la producción, la comercialización y la adquisición de semillas para la siembra y la cosecha” de marihuana.

La nueva legislación para regular el consumo lúdico de la marihuana tiene que cumplir con proteger los derechos a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, establece el análisis.

En el documento se describen las resoluciones dictadas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre las prohibiciones contenidas en la Ley General de Salud vigente, respecto al uso medicinal y lúdico del cannabis.

La discusión sobre el uso lúdico del cannabis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detalla, inició por la interposición de diversos amparos promovidos por personas y organizaciones civiles para exigir el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad y para combatir legalmente lo que llaman “política prohibicionista”, establecida desde 1948.

Y que los casos resueltos por el Poder Judicial en temas de cannabis medicinal y de uso lúdico son muestra del impacto que puede tener la judicialización de los derechos humanos ante los órganos jurisdiccionales y su observancia respecto de lo resuelto por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Los asuntos promovidos desde la sociedad civil o por personas afectadas por la prohibición y limitaciones de uso y consumo de cannabis lúdico o medicinal son un ejemplo de que la judicialización es una herramienta para ejercer y exigir a los órganos del Estado, a través de las vías y medios legales de defensa, el respeto a la dignidad humana y el ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales”, se plantea.

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