Aproximadamente 100 días pasaron para que la reforma constitucional local, que amplía de dos a cinco años el tiempo de mandato del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado y con ello abrir paso a las acciones de inconstitucionalidad contra tal modificación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El viernes, el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano fueron los primeros en impugnar ante el máximo tribunal la modificación realizada por el Congreso de BC. Se prevé que organizaciones e incluso el actual gobierno de BC también interpongan recursos contra la reforma estatal.

La llamada ley Bonilla se publicó a pocos días de que el próximo gobernador rinda protesta, y cuatro días después de que se realizara una consulta ciudadana que avaló que el periodo de su administración deba ser por cinco años.

Previamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había resuelto que la elección para elegir al nuevo mandatario local debía ser por dos años, como se estableció en un inicio en el proceso electoral.

Tras meses de polémica, la actual Legislatura del Congreso de Baja California, de mayoría morenista, decidió en septiembre pasado que la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla Valdez se decidiría con una consulta ciudadana.

Sobre el tema y tras considerar un “atropello a la democracia” esta consulta popular en Baja California, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo la semana pasada que analizan presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por la ley Bonilla.

Ángel Ávila, dirigente nacional del sol azteca, declaró que se presentó el recurso porque se trata de una reforma en detrimento de la vida democrática y pone en riesgo las conquistas de más de 30 años de transición política.

Por su parte, Marko Cortés, líder nacional del PAN, expuso que se promovió la acción ante un hecho muy delicado en México, que pretende vulnerar el orden constitucional y democrático, además de ampliarle el mandato a un gobernante electo. Confió en que el Poder Judicial federal hará respetar la ley y le dirá no a Bonilla y a Morena.

En tanto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, tras interponer la impugnación ante la SCJN, expresó que “la ley Bonilla violenta los principios democráticos, la voluntad del pueblo de Baja California y el orden constitucional mexicano”.

Además, la Coparmex, en voz de Gustavo de Hoyos, señaló que la cúpula patronal de Baja California interpondrá recursos jurídicos.