La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa por la que se reforman los artículos 212 del Código Penal Federal y el 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que cualquier funcionario y privado que cometa actos de corrupción se le aplique muerte civil.

“El día de hoy estamos presentando esta iniciativa de reforma que propone la muerte civil a servidores públicos, particulares y empresas que incurran en actos de corrupción por lo que, además de las sanciones establecidas, ya se incluirá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de cualquier tipo de compras u obras de gobierno”, precisó la diputada Fabiola Raquel Loya Hernández, de MC.  

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se citan informes de Transparencia Internacional en donde se ubica a México entre los últimos lugares a nivel mundial en la prevalencia de los actos de cohecho, además de que se señala que la corrupción es factor para incrementar las brechas entre los mexicanos.

“Los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas”, indica la iniciativa que fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción para que se dictamine.

Proponen paridad de género en comisiones

En la sesión de este martes también se presentó una iniciativa por la que se busca que la paridad de género sea una regla para elegir las presidencias de las comisiones en el Congreso de la Unión.

Ante el Pleno, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cynthia López Castro, quien presentó la iniciativa arguyó que con la reforma al artículo 149 del reglamento de la Cámara de Diputados y a la Ley Orgánica del Congreso General se busca que “por ley las presidencias de las comisiones sean asignadas de manera paritaria ya que la pasada legislatura 70 % de las comisiones ordinarias fueron presididas por hombres; en tanto, 48 % de las especiales fueron encabezadas por mujeres”.

Aunado a ello, las reformas propuestas pretenden que, la conformación de las comisiones en su totalidad, tengan la misma cantidad de mujeres que hombres.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.