Entrevista a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica.

En México la esfera política es una víctima más que padece la violencia de la delincuencia organizada a través de las extorsiones e intimidaciones, que logra desincentivar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral y es capaz de disuadir el voto en algunas regiones, de acuerdo con Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y politóloga.

Un problema que resulta de importancia estratégica para el gobierno que viene, a decir de la líder de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

“Si el crimen organizado está siendo capaz de quitar candidatos porque los intimidan, porque los extorsionan o los matan, deberíamos presumir que pondrán otros”, advirtió Chinchilla quien fue mandataria de Costa Rica entre el 2010 y el 2014.

El abandono de la intención de ser votado por motivos de seguridad es, para la politóloga, una claudicación desde el punto de vista democrático, pues no son los votos de los ciudadanos los que ponen a los candidatos, sino la voz del crimen organizado.

Abundó que durante el proceso electoral han proliferado las manifestaciones de violencia en contra de actores políticos, fenómeno que no está ligado de forma exclusiva al periodo, sino es una expresión grave de la violencia que México ha venido padeciendo por el crimen organizado.

Laura Chinchilla formó parte de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos que visitó nuestro país en el 2015 durante las elecciones intermedias. En ese momento, la exmandataria y el equipo advirtieron que los hechos de violencia se encontraron muy focalizados.

“Hay que reconocer que desafortunadamente el problema se ha agravado”, dijo Chinchilla en entrevista. “Son muchas las áreas que las están padeciendo y la política termina siendo una víctima de ellas a través de las extorsiones, a través de las intimidaciones para que los candidatos no acepten o acepten en las condiciones que ellos quieren, para que no vayan adelante o, si lo hacen, los terminan ajusticiando; de manera que es un tema que hay que visibilizar”.

Antes de pensar acorazar un proceso electoral, es necesario pensar cómo construir las condiciones óptimas en que una democracia debe funcionar para que llegado el momento de la jornada comicial, se puedan minimizar todos los riesgos que se corren, afirmó.

“En el fondo, cuando creemos que el blindaje se va a dar justo en el momento en que vienen las elecciones, es que ya perdimos la batalla”, advirtió.

No obstante, aclaró que, pensando en escenarios en los que la intimidación pueda llegar al nivel de querer impedir la votación, habrá que movilizar las fuerzas de seguridad, intensificar los niveles de información para los ciudadanos.

La expresidenta costarricense se refirió también a las agresiones que se han cometido en contra de los periodistas en México: “En el momento en que se acalla la prensa independiente, los procesos electorales también pueden terminar siendo una farsa”.

Para Chinchilla Miranda, el tema de la integridad electoral no le concierne solamente al país en cuestión, sino a toda la comunidad internacional porque las naciones que respetan el proceso y permiten que sus ciudadanos tomen esa decisión de manera libre, sin coacción, tienden a ser estados más estables, pacíficos y dispuestos a respetar el derecho internacional. Lo anterior, agregó, genera entornos más estables.

Sobre los avances en materia democrática que se han gestado en el país, destacó lo relativo a un acceso más equitativo a los recursos que son fundamentales a una campaña, como el financiamiento a la publicidad.

Además, en la actual campaña se está promoviendo más el debate entre candidatos para poder incidir en la decisión ciudadana.

Si bien la expresidenta nota avances también en la participación política de las mujeres mexicanas, lo anterior conlleva un fenómeno que se ha gestado a la par: la violencia política en contra de ellas, situación que se da en medio de un vacío legal.

“A pesar de que los partidos han adoptado protocolos, se va a tener que mover México (...) hacia regular las sanciones y configurar situación de violencia política en contra de mujeres”.

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