Académicos coincidieron en que el país necesita una política criminal integral, cuyo fundamento no esté centrado sólo en la construcción de más penales para internos de alta peligrosidad; esta política debe estar sustentada en educación y generación de empleos.

Para Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoa¬mericana, mientras no se reduzcan los niveles de impunidad no veo que construir prisiones solucione el problema .

La política integral se extiende a ofrecer garantías de reinserción social. Sandra Salcedo González, investigadora del Programa de Derechos Humanos de esta misma institución, aseguró que si a los internos no se les garantiza su vida dentro, qué esperanza podemos tener de estar logrando el objetivo de los reclusorios .

Hernández Barros mencionó que la construcción de centros de readaptación social con recursos de la Iniciativa Privada beneficia al empresario, pero no resuelven el problema de la impunidad.

Lo que se necesita es una política criminal integral que abata la impunidad, invierta en educación y salud, que abra fuentes de trabajo, mejores programas de desarrollo social y una serie de elementos que de forma aislada no darán resultado pero en conjunto podrán disminuir la criminalidad .

Reconoció que la prisión ha sido el más eficaz de los castigos impuestos, a diferencia de medidas más drásticas como la pena de muerte o mutilación y la tortura.

Sin embargo, Sandra Salcedo González, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, mencionó que no se debe omitir el respeto a las garantías básicas en los penales.

Si bien los internos lo son, previa detención legal, a través de una orden de aprehensión y posterior procedimiento penal, al estar privados de su libertad en condiciones de hacinamiento, sin derecho a la salud, sin protección de la vida e integridad física, su reclusión se convierte en arbitraria , dijo la académica.

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