El traslado de los trabajadores de dependencias federales cuyas sedes pretenden sacar de la Ciudad de México dependerá de la capacidad financiera para hacerlo y de las circunstancias de las ciudades para recibirlos, afirmó Joel Ayala Almeida.

En entrevista el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) dijo que una vez que Andrés Manuel López Obrador tenga su constancia de mayoría que lo acredite como presidente electo, se instalará una comisión especial en la que estarán representantes del próximo gobierno y representantes sindicales para analizar la propuesta.

El también senador de la República explicó que lo primero que se hará es profundizar, conocer al detalle esta intención, pues, añadió, queda claro que el traslado de burócratas a provincia no será de inmediato: será gradual y será parcial, respetando “al cien” sus derechos laborales y conquistas sindicales obtenidas.

Dijo que uno de los primeros requerimientos para el traslado es vivienda amplia, de calidad y seguridad para ellos y su familia. Además el traslado implica tener a su disposición servicios de educación pública en todos los niveles, así como servicios médicos.

El líder sindical destacó que algo fundamental que se buscará proteger en este proceso es apuntalar la unidad en el seno familiar.

Recalcó que el traslado será voluntario. “De ninguna manera será forzada, no hay ese concepto de parte de Andrés Manuel López Obrador, sigue los principios de (Benito) Juárez: todo bajo la ley; nada por la fuerza”.

Planteó que eso es algo que distingue al virtual presidente electo, así como su convicción sindical.

Al preguntarle qué es los que dicen los burócratas, es decir si se quieren ir o no, respondió: “primero yo no me adelanto, será la Comisión Mixta que se integre la que nos vaya dando la pauta a seguir, primero para la construcción de vivienda, para la construcción de infraestructura educativa, para tener servicios  médicos de calidad, (lo cual) lleva tiempo, de manera que no se mueve nadie, no hay fast track, no es inmediato el traslado de trabajadores a ninguna entidad federativa, eso queda muy claro”.

Recalcó que eso dependerá del diálogo y más diálogo entre las autoridades y los trabajadores. “Cualquier acción tendrá como derrotero ponernos de acuerdo en la mesa de decisiones, y esto es un acto de democracia, como abrumadoramente fue su triunfo (el de Andrés Manuel)”.

También subrayó que el traslado deberá ser de manera ordenada y respetuosa de sus derechos laborales íntegros e incluso así lo ha hecho público el virtual presidente electo.

“No habrá lesión a derechos laborales”

Que los trabajadores en general tengan bien presente que no hay ninguna lesión a sus derechos consagrados; no hay ninguna baja para los trabajadores de base, sindicalizados (pues) así lo ha informado el propio próximo presidente de México”.

En ese sentido recordó que cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal “tuvimos una relación laboral fructífera, positiva y todo se determinaba en una mesa de negociación bajo el término del diálogo constructivo”.

Al preguntarle cuánto va a costar esto planteó que sería irresponsable dar alguna cifra de lo estimado para eso pero, dijo, “ de lo que vamos a depender para llevar a cabo todo esto como inversión pública es indudablemente de las posibilidades presupuestales del gobierno federal. El presupuesto de egresos va a determinar cuál es el avance de estas acciones de inversión, dónde descansarían cuando lleguen”.

Señaló que hay que valorar cuáles son las condiciones de los municipios adonde van a trasladarse las sedes de las dependencias y sus trabajadores para ver si no se altera el ritmo de las actividades que existen en cada ciudad donde tentativamente se ha considerado incursionen.

Mencionó que ya han tenido acercamiento con el equipo del próximo Presidente de México, pero los detalles de esos encuentros se darán a conocer hasta que se instale la mencionada comisión.

 

diego.badillo@eleconomista.mx