Con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de colocar en la boleta electoral a Jaime Rodríguez Calderón, al resolver a su favor un recurso por violación a su derecho de audiencia, judicializó el proceso a poco más de una semana de iniciada la campaña.

El veredicto de esa instancia, el cual es inapelable, generó una serie de discusión en la que se dividen las posturas: quienes consideran que el INE cometió errores y el tribunal los corrigió y quienes aseguran que el TEPJF realizó una interpretación extremadamente garantista de la ley, dejando de lado el hecho de presentar firmas falsas y aun así lograr el registro.

Lo cierto es que el TEPJF se colocó en una situación de marcado protagonismo en el escenario político nacional.

La semana pasada, el TEPJF decidió que Jaime Rodríguez Calderón debía estar en la boleta porque el INE violó su garantía de audiencia para revisar los registros de firmas declaradas como inválidas, ya sea por simulación de credencial para votar o por otras inconsistencias. Al estar ya en marcha el periodo de campaña y porque en la revisión de las firmas se le habían subsanado una cantidad importante, determinó que debería estar en la boleta. El argumento: hay duda razonable de que si se hubieran realizado todas se habrían encontrado los apoyos válidos para estar en la boleta.

Luego, de manera inédita, magistrados del TEPJF ofrecieron una limitada explicación (sólo aceptaron tres preguntas) para detallar las razones y argumentos que derivaron en la sentencia aprobada.

El magistrado Felipe Fuentes expuso que el motivo del juicio que presentó Rodríguez Calderón para protección de los derechos político-electorales ante la Sala Superior del tribunal fue decidir si al aspirante se le respetó plenamente su derecho a verificar si alcanzó el número de respaldos para ser candidato independiente, lo cual evidentemente no ocurrió.

En ese sentido, detalló que el aspirante acudió 12 ocasiones al INE a revisar los apoyos que el árbitro electoral le había invalidado por considerarlos con inconsistencias. En esa docena de ocasiones, el Bronco logró recuperar entre 5 y 12% de los apoyos, es decir, en promedio recuperó 13% de los que le había eliminado la autoridad de forma errónea. Dijo que prácticamente acudió “a ciegas”, pues la autoridad electoral no le otorgó alguna constancia que acreditara que las firmas eran irregulares.

Afirmó que si al gobernador con licencia de Nuevo León se le hubieran revisado las 418,494 rúbricas invalidadas, como en su momento lo solicitó, es evidente que hubiera podido recuperar 1.9% de apoyos que le faltaba para llegar al umbral requerido.

Por su parte, el magistrado José Luis Vargas destacó que el hecho de que el Bronco hubiera recuperado 8% de firmas dentro de las inconsistencias en los procesos de verificación del INE hace “muy cuestionable el grado de error que tuvo la autoridad administrativa”. “En las verificaciones que logró hacer, nada más y nada menos que logró rescatar 8% de firmas que la autoridad le consideró inválidas y que no eran inválidas. Y todavía existía a futuro y por constatar 400,000 firmas”.

El magistrado Vargas aseguró que se tomó la determinación de instruir al INE de otorgar el registro y no de darle un plazo para que revisara las más de 400,000 firmas, pues ello hubiera generado que el Bronco perdiera hasta un tercio del tiempo de campaña.

“Esta Sala Superior consideró tomar esa decisión teniendo en cuenta que los candidatos independientes participan en condiciones de desventaja frente a los candidatos postulados por los partidos políticos, por lo que haberlo hecho esperar más de 30 días de los 90 del periodo de campaña para incorporarlo en la campaña afectaba el derecho del aspirante a ser votado”.

Mencionó que las críticas y polémica que se generaron a partir de la determinación de la Sala Superior  fue el hecho de que se le pusiera “nombre y apellido” al candidato.

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