El Congreso de la Unión lleva más de ocho años en falta.

En febrero del 2010 venció el plazo que los propios legisladores federales fijaron para la expedición de la ley reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución que regula las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos los que están dotados de autonomía constitucional.

“Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Así lo mandata la Constitución tras la reforma promulgada en agosto del 2009, que estableció un plazo de 180 días a senadores y diputados para expedir la ley secundaria.

Desde el 8 de noviembre del 2011, la Cámara de Senadores turnó a la colegisladora la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entonces aprobó con 18 meses de retraso.

Ante la omisión, senadores de Morena y del PT presentaron en febrero pasado una nueva iniciativa de ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de adición al Código Penal Federal, con el propósito de poner nuevamente el tema en el debate y se acate la obligación del Congreso mexicano de legislar.

La reforma constitucional de hace nueve años estableció que la remuneración de los servidores públicos será proporcional a sus responsabilidades y se determinará anual y equitativamente en tabuladores aprobados por el Poder Legislativo federal o de las entidades federativas.

El objetivo de la enmienda fue poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignaban las percepciones de los servidores públicos en el país.

Según la Constitución vigente, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Así como que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derive de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función; la suma de las retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República.

La enmienda estableció en los artículos transitorios correspondientes que, a partir del 2010, las percepciones de los ministros de la Corte, magistrados electorales, de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales en funciones y que fueran superiores al salario presidencial “se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”.

Titulares de órganos

Área judicial y electoral, con sueldos elevados

Este 2018, el presidente de la Corte y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral recibirán salarios por arriba del Ejecutivo

Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y siete consejeros de la Judicatura Federal, son los servidores públicos con los salarios más altos, por arriba del que recibe el presidente de la República.

Al finalizar el 2018, ministros, magistrados y consejeros habrán devengado un sueldo bruto por 6 millones 938,234 pesos, monto que casi duplica el salario bruto fijado al presidente Enrique Peña Nieto para el año en curso: 3 millones 550,654 pesos.

La remuneración anual de dichos funcionarios superará en 3 millones 387,580 pesos la que percibirá el titular del Ejecutivo federal.

Por concepto de sueldos y salarios brutos, así como percepciones ordinarias recibirán, tales funcionarios, 4 millones 743,537 pesos y 2 millones 194,697. Bajo los mismos rubros, el mandatario mexicano devengará 2 millones 579,939 y 970,715 pesos, respectivamente.

Por “condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones”, la percepción anual tanto del presidente de la Corte y la Judicatura y la magistrada ascenderá a 853,223 pesos; la de Peña Nieto, a 340,822.

Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ganarán también más que el presidente de México este año: 4 millones 354,208 pesos y es el mismo caso del secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien habrá de cobrar 4 millones 86,265 pesos.

Salvo los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, cuya remuneración anual ascenderá a 3 millones 103,430 pesos y 3 millones 125,618 pesos, respectivamente, el resto de los 15 secretarios de Estado y el procurador general de la República habrán de devengar al finalizar el año 3 millones 491,063 pesos.

El sueldo del titular de la Auditoría Superior de la Federación, ente en el que hubo relevo este año, sumará 3 millones 441,349 pesos; el del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 3 millones 467,674 pesos.

De 3 millones 387,135 pesos será la remuneración del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica; de 3 millones 340,687 pesos la del titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones; el salario del titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 3 millones 403,222 pesos; de 3 millones 431,844 pesos el del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y de 3 millones 381,371 pesos el del responsable del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

El gobernador del Banco de México habrá de devengar una remuneración anual bruta por 2 millones 874,324 pesos; no tiene ninguna otra percepción ordinaria.

Los salarios anuales de los directores generales del IMSS e ISSSTE ascenderán a 3 millones 318,143 pesos y 3 millones 237,292 pesos, respectivamente.

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