Funcionarios de México participaron en desapariciones de personas durante la guerra contra el narcotráfico de ese país, según un informe presentado ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos , indica el informe, redactado por tres expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, que visitó México en marzo del 2011.

La participación del Estado en las desapariciones también está presente , destaca, sumadas a las realizadas por el crimen organizado , en total 346 en el 2010 y alrededor de 3,000 a partir del 2006, calcula.

Puntualiza también que hubo detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles, quienes habrían sido llevados a instalaciones militares , y menciona casos en Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Personal militar habría interrogado a personas detenidas , a veces utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes , añade.

El informe apunta como responsables a elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad y agrega que hubo desapariciones por cortos periodos , lo que se llama levantones .

Los expertos critican que las alegaciones de violaciones de derechos humanos (...) cometidas por elementos castrenses estén sujetas a la jurisdicción militar .

La delegación de México, que no negó los hechos imputados, informó que posterior a la visita del Grupo de Trabajo, (13 de julio del 2011), la Corte Suprema de Justicia de la Nación restringió el fuero de los tribunales militares, que no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles .

La ONU asegura que mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas son sectores particularmente vulnerables.

La ONU resume que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las Fuerzas Armadas y que la impunidad es un patrón crónico en México, que no realizaría los esfuerzos suficientes para sancionar a los autores.