La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la presente administración será recordada por moralizar la política y sancionar altos funcionarios de gobiernos anteriores.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados para el análisis del Segundo Informe de Gobierno, Sandoval Ballesteros, informó que se han impuesto más de 5,000 sanciones a servidores públicos, entre las cuales destacan 1,500 inhabilitaciones, casi 1,000 suspensiones, 900 amonestaciones públicas, 800 amonestaciones privadas, 400 sanciones económicas y 282 destituciones.

“Se han sancionado a los funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad enfrentan ya procesos judiciales y administrativos. Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido la sanción administrativa más alta posible; esta administración no ha protegido a nadie”, señaló la funcionaria federal.

Dijo que la SFP ha fiscalizado y recuperado alrededor de 10,000 millones de pesos y agregó que en las anteriores administraciones quedaron sin aclarar cerca de 50,000  millones de pesos de recursos federales.

“No solamente hemos auspiciado recuperaciones de esos casi 10,000 millones de pesos, sino que ya hemos iniciado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, incluso estamos dando vista para comenzar con los procedimientos judiciales que correspondan ante estas defraudaciones”, indicó.

Agregó que la Secretaría ha aplicado sanciones administrativas y promovido procesos judiciales, “en solo dos años he presentado ante la Fiscalía General de la República más de 513 denuncias penales, dos veces más que en todo el sexenio pasado”, dijo.

La funcionaria señaló que se han sancionado a 321 proveedores y contratistas, así como se han impuesto multas resarcitorias por un monto de más de 1,500 millones de pesos.

“Estamos realizando una revisión escrupulosa de todas las contrataciones para asegurar que la emergencia no sea pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México; el Gobierno auspicia el derecho a la salud y asegura que este prevalezca por encima de cualquier interés de lucro”, apuntó Irma Eréndira Sandoval.

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