La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes tiene como propósito garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, pero aún falta para el cumplimiento del marco legal y que los proteja en los centros de readaptación social, consideraron especialistas.

Expertos consultados explicaron que el robo, secuestro, homicidio y portación de armas son los delitos más comunes cometidos por adolescentes.

El director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, reconoció que la falta de protección en la dinámica familiar y de autoridades en la etapa de desarrollo de autonomía personal durante la adolescencia es el principal factor por el que este sector es víctima del narcotráfico.

“Si el crimen organizado tiene control territorial y organizacional, recluta adolescentes desprotegidos, los que no van a la escuela, (que tienen) problemas con la familia, y se convierten (en) presas de estos grupos”, alertó.

El especialista afirmó que desde el inicio de la guerra fallida contra el crimen, en el 2012, no existe una política pública para entender la situación de los adolescentes y de ser víctimas se han convertido en victimarios.

De acuerdo con el informe del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, presentando en abril pasado, 6,748 adolescentes entre 12 y 18 años de edad se encuentran en conflicto con la ley, por delitos del fuero común y federal, principalmente robos.

Los estados con mayor incidencia en delitos cometidos por adolescentes son Jalisco con 1,902 registros, Chihuahua con 823 y Sonora con 714, que comprenden 50% de la población juvenil en centros de internamiento. En contraste, Quintana Roo tenía 19 casos, Baja California Sur 15 y Colima 11 adolescentes.

De la población total que se encontraba en centros de tratamiento, 7% eran mujeres.

“Los delitos como secuestro, homicidio y portación de armas no superan 40% de los casos en adolescentes, son más los robos de sobrevivencia que implicación de grupos criminales, pero es un porcentaje muy elevado que deberá ser atendido”, señaló Juan Martín Pérez.

En el 2016 fue publicada la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes con el propósito de homologar a nivel nacional las sanciones aplicadas a un mismo delito debido a que cada entidad llevaba sus propios procesos. Así, la pena para un mismo delito en un estado era muy elevada en comparación con otro.

La investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, Paulina Sánchez, reconoció que según registros de quejas ante la CNDH, se tiene evidencia de violaciones a los derechos de los adolescentes, así como estados que se encuentran mejor preparados, con capacitación adecuada del personal y mejores instalaciones para que los jóvenes se vean menos violentados durante la privación de la libertad.

“El mayor número de registros es violencia física con lesiones, negación de un servicio, castigos o amenazas; si bien no es en todas las entidades, sí se mantiene un registro alto como en el Estado de México, lo que es preocupante porque es de los estados que tiene mayor número de adolescentes privados de su libertad”, expuso la investigadora.

La directora de Reinserta, Mercedes Castañeda, enfatizó la importancia del trabajo de autoridades y sociedad para lograr que los adolescentes en conflicto con la ley puedan salir de los centros de internamiento y se conviertan en agentes de cambio.