El abogado constitucionalista, Miguel Carbonell, consideró poco probable que mediante un juicio de amparo, o bien por la vía administrativa a través de juzgados o la Secretaría de la Función Pública, se puedan frenar o cancelar contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como planteó el candidato Andrés Manuel López Obrador.

Consultado por El Economista, EE “pero de entrada un candidato, me parece que difícilmente tendría interés legítimo que es lo que la ley de amparo exige. Tendría que demostrar le está afectando a él, que está teniendo un perjuicio respecto de esos contratos”.

Expuso que los recursos de amparo se podrían promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, siempre que se argumente el interés legítimo sobre el recurso a interponer.

Precisó que sí se puede acudir ante la Secretaría de la Función Pública, ya que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia cuando tenga noticias de algún acto indebido de alguna autoridad.

“Ahí si no se requiere ser el directamente interesado, cualquier ciudadano que tenga noticias de algún acto que estuviera a cargo de algún funcionario público violatorio de la ley, puede interponer la correspondiente denuncia de hechos. El ciudadano, en esa parte no habría ningún problema. La Secretaría desahogaría el proceso que corresponda”, refirió.

Cuestionado respecto a si ve posible que por alguna de estas vías jurídicas se pueda revertir o detener algún contrato, el abogado constitucionalista, Miguel Carbonell, dijo: “no, ninguno. Salvo que una empresa, por ejemplo, la ley de adquisiciones permite que una de las empresas involucradas en una licitación, por ejemplo, interpongan recursos para pedir la nulidad por algún proceso irregular, pero es una de las empresas que participó y que seguramente no ganó y tiene interés en ganar el contrato. Pero que un ciudadano pueda impugnar contratos que se estén dando, lo veo complicado desde el punto de vista jurídico”.

El abogado estimó que, jurídicamente, es más viable que se puedan revisar los contratos firmados entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y las empresas constructoras, que residir los convenios, lo cual resultaría más caro.

“Si las condiciones de los contratos son o no favorables, si son poco claras, si no fueron transparentes, eso se puede revisar, pero esta idea de echar atrás el proyecto, no me parece viable.

“Los contratos que ya están firmados tienen cláusulas de recisión, de penalidades  en caso de que se rescindan, y ahí es donde está la complicación. La recisión de esos contratos nos va a salir carísima a los mexicanos, lo mejor, desde el punto de vista jurídico, es cumplir en las mejores condiciones y ver si alguno o algunos de esos contratos tienen algunas cláusulas que permitan su modificación o que permitan que sean matizados en cuanto a su alcance”, abundó.

Finalmente, cuestionado respecto a las certezas jurídicas que tienen los empresarios, el abogado Carbonell mencionó que los contratos mismos son su arma de protección.

“El propio contrato es la mejor defensa. Los contratos tienen sus cláusulas, sus condiciones de recisión, y si ya están firmados, no están ellos desprotegidos. Si hubiera un incumplimiento de este gobierno o del que sigue, en su caso, tendrán que acudir a los tribunales para pedir el respeto a las cláusulas contractuales”, finalizó.

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