Un juez de Distrito ordenó suspender de manera definitiva el proceso de designación del nuevo Procurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), debido a que los perfiles propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplen con los requisitos legales.

Como parte de un juicio de amparo impulsado por las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, advirtió a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo, que contempla la destitución e inhabilitación y pena de prisión de tres a 9 años.

El pasado 3 de junio, el presidente López Obrador presentó a la Comisión Permanente del Congreso una terna de candidatos para que el Senado nombre nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente: Martha Patricia Jiménez Oropeza; Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas; éste último quien renunció previamente al cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Mexicanos Contra la Corrupción y México Justo argumentaron que ninguna de las tres personas propuestas al Senado por el presidente de la República cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley para ocupar el cargo.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, indicó que “la suspensión definitiva que dictó el Juez de Distrito obedece a la necesidad de contar con una procuraduría verdaderamente autónoma del gobierno federal que sea capaz de defender los derechos de los contribuyentes sin apego a interés político alguno. Los requisitos con los que debe cumplir el nuevo titular de este importante organismo deben respetarse a cabalidad, de lo contrario se haría nugatoria su misión y su razón de existir.”

Cabe destacar que la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala que para ser titular de la Procuraduría es necesario contar con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos cinco años.

Martha Patricia Jiménez Oropeza; Alberto Puga Bolio se han desempeñado en los últimos años como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero no cuentan experiencia fiscal por el tiempo requerido.

Por su parte, Ricardo Rodríguez Vargas, quien renunció a principio de junio, tiene una restricción legal, ya que se prohíbe haber sido titular de alguna entidad paraestatal en el gobierno federal en los tres años previos al nombramiento.

“MCCI y México Justo continuarán ejerciendo su derecho de acceso a la justicia en favor de la legalidad, la división de poderes y el Estado de Derecho”, mencionaron las organizaciones sociales.