El juez de la Corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, F. Dennis Saylor, aceptó que se coaliguen en su defensa las 11 empresas denunciadas por el gobierno de México por la venta de armas que llegan a los grupos del crimen en nuestro país.

El juez estadounidense planteó como plazo el 22 de noviembre para que dichas empresas, ya en conjunto, puedan presentar sus pruebas de defensa, mientras que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendrá hasta el 31 de enero del 2022 para presentar sus argumentos.

Por lo menos las tres últimas administraciones federales de México han fustigado el poco control en la venta de armas en Estados Unidos, lo que repercute en las balaceras y homicidios que ocurren en nuestro país.

“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, puede leerse en el escrito de demanda que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el pasado 4 de agosto.

La denuncia argumenta “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, y planteó un daño a nuestro país por 10,000 millones de dólares.

Las empresas demandadas son:

  • Colt’s Manufacturing Company
  • Barrett Firearms Manufacturing
  • Beretta USA
  • Smith & Wesson
  • Century International Arms
  • Glock Ges.m.b.H
  • Sturm, Ruger & Co
  • Beretta Holding
  • Glock, Inc
  • Interstate Arms
  • Witmer Public Safety Group

En la demanda, el gobierno mexicano argumentó el uso de marketing en las armadas venidas, pues dijo que los asesinos de la periodista Miroslava Breach en marzo de 2017, utilizaron una pistola Colt 38 de edición especial, la cual estaba grabada en un costado con el rostro de Emiliano Zapata.

El pasado 19 de septiembre, el gobierno de nuestro país informó que la Corte federal del Distrito de Massachussetts estableció plazos para que 11 empresas de armas en Estados Unidos entreguen su réplica y para que el Gobierno de México efectúe su contrarréplica.

“Conforme a dicha orden judicial, las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes. Cumplido ese plazo, el Gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022. Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022”, explicó.

kg