La impunidad y violencia que se viven en México tienen un común denominador: la corrupción que se manifiesta en todos los niveles, exhibieron especialistas internacionales en materia de procuración de justicia de la iniciativa Open Society Justice.

En entrevista a propósito de la presentación del informe “Corrupción que mata: Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad”, James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative expuso que la violencia en el país no discrimina: “Todos están sujetos a esta ola (...) Afecta a los más vulnerables, pobres y aquellos que no pueden protegerse”.

En tanto, Eric Witte, oficial sénior en Juicios Nacionales para crímenes graves de Open Society Justice, declaró que la militarización de la política de seguridad en el país ha significado que las fuerzas de seguridad presenten un patrón de centrarse en gente que creen están involucrados en el crimen organizado. “Muchas veces sospechan de las personas jóvenes, que están involucradas, cuando no lo están” , expuso.

Advirtió, al mismo tiempo, que una larga exposición de las poblaciones más jóvenes a altos niveles de violencia puede generar entre ellos una pérdida de esperanza del futuro de su país.

La inseguridad “es una preocupación para todos, pero en particular para la juventud que es el futuro de la nación”, manifestó el oficial sénior.

A través del informe, esta oficina —que forma parte de la organización internacional Open Society Foundations— retoma datos oficiales para explorar la  situación de violencia que vive nuestro país.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos de homicidio doloso aumentaron de 16,909 en el 2015 a 20,547 en el 2016, y después a 25,339 en el 2017.

Antes de ello, el 2011 había sido el año más violento de México, con 22,409 homicidios reportados. En el texto se exhibe que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman una “preocupante” tendencia ascendente.

James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, hizo hincapié en la corrupción y colusión de las autoridades con la delincuencia organizada. Mencionó que del 2000 al 2013, al menos 41 gobernadores en los estados mexicanos han sido acusados de corrupción y de ésos, sólo 16 fueron investigados penalmente y únicamente cuatro fueron arrestados.

“Vemos que la colusión entre autoridades y los cárteles de drogas es un problema de violencia económica y física”, dijo Goldston.

“La llave para superarlo es arreglar el sistema de justicia y asegurarse que haya rendición de cuentas para estas atrocidades”, indicó por su parte Eric Witte, quien a su vez destacó que los mexicanos han perdido la confianza en las instituciones, prueba de ello es que sólo 2% de los delitos son reportados a los autoridades.

De acuerdo con el trabajo de la organización, esta crisis ha ocurrido en un contexto de una reforma a la justicia procesal penal y la transición de un sistema en gran medida inquisitivo a un sistema de justicia acusatorio a nivel federal y estatal.

Un área notable de progreso ha sido la aprobación de nuevas leyes generales sobre tortura y desapariciones forzadas, las cuales mejoran sustancialmente el marco legal del país para investigar, procesar y castigar estos crímenes.

“Sin embargo, estos avances deben considerarse en el contexto del aumento de la militarización que reduce la posibilidad de investigaciones independientes y en el contexto más amplio de otras transformaciones de la justicia doméstica”, se lee en el documento a presentarse este jueves.

Las continuas debilidades en el sistema de justicia penal, así como la influencia corruptora del crimen, exhiben la necesidad de un organismo internacional que pueda investigar de forma competente si funcionarios públicos y miembros de la delincuencia organizada trabajan en colusión en casos de crímenes, concluye la iniciativa Open Society Justice.

De no atender la creciente ola de violencia, México correrá la misma suerte que otras naciones que se han visto sumergidas en inseguridad: “La gente joven deja su país para buscar un futuro en cualquier otra parte; pierden la esperanza en su propia nación y ello —obviamente— tiene efectos económicos (...) es tiempo de hacer algo más radical para terminar la crisis”, advirtió Eric Witte.

Open Society Justice Initiative es parte de la Open Society Foundation, creadas por el filántropo y financiero George Soros para apoyar el desarrollo de democracias fuertes; con sede en Nueva York, trabaja en más de 100 países alrededor del mundo.