La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación ante la creciente violencia del crimen organizado en México, pues en muchas ocasiones, las magistradas y magistrados, operadores judiciales y profesionales del Derecho no podrían actuar con plena libertad, al verse sujetos a amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones.

En el informe Garantías de independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas , presentado por el presidente de la CIDH y relator sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, José de Jesús Orozco Henríquez, en Costa Rica y Guatemala, el 5 y 6 de febrero, este organismo de la Organización de Estados Americanos exhibió su preocupación porque el crimen organizado busque infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia, a través de la corrupción y las amenazas.

La información del Consejo Federal de la Judicatura Federal de México indica que en el 2012, 98 jueces y magistrados federales que han tenido a su cargo procesos judiciales relacionados con delitos en contra de la salud contaron con medidas especiales de seguridad.

La CIDH detectó que injerencias por parte de poderes públicos y agentes no estatales generan barreras para las personas que desean acceder a la justicia.

En los países en donde los ataques en contra de los operadores de justicia son más sistemáticos y numerosos, la CIDH recomendó poner a disposición todos los recursos necesarios y adecuados para evitar daños en contra de la vida e integridad física y garantizar así su imparcialidad.

La CIDH consideró que los programas de protección especializados pueden facilitar a estos estados cumplir con su obligación de protección, al permitir mayor cercanía y conocimiento concreto de la situación particular. Además sugiere realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques.

ana.langner@eleconomista.mx