Con el proceso electoral ya en marcha, no serán novedad las detenciones de “peces gordos” en aras de capitalizarlo en las urnas, consideró Mauricio Merino, investigador del CIDE.

El riesgo es que, además de que se usará a los Yarrington y a los Duarte con fines electorales, mantener el poder el próximo año también implicará utilizar el proceso de reconstrucción tras la emergencia por los sismos del 7 y 9 de septiembre, puntualizó.

El académico destacó que en este contexto no se debe obviar que el tema no tiene que ver con qué político, funcionario o exgobernador se detenga, sino atajar la estructura que permite que la corrupción sea cíclica. En ese sentido agregó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no puede defender su funcionamiento o consolidación sólo por la detención de nombres rimbombantes.

“Tenemos que cambiar esas aguas en las que crecen los peces gordos, no sólo sacarlos”, expuso.

Y en ese sentido continuó: “Si no cambiamos las condiciones y las estructuras y las reglas a partir de las cuales lograron hacer esas enormes fortunas, van a seguir apareciendo peces gordos semana tras semana; uno saca al pez gordo del día y al día siguiente viene el otro porque las condiciones siguen idénticas”.

En entrevista, luego de su participación en el Sexto Seminario Internacional Poder, Corrupción e Impunidad, también fue crítico con los legisladores, a los que acusó de oportunismo político a la hora de discutir las posiciones en dependencias federales; el caso más reciente, opinó, es el de la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR, que también afecta a la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, Francisco Javier Acuña, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, reiteró que no se debe dejar de lado que la séptima silla del Sistema Nacional Anticorrupción sigue vacante.

“Que no tengamos un fiscal anticorrupción sigue siendo un punto incumplido”, insistió.

Merino, en tanto, cuestionó las propuestas que el Ejecutivo federal hizo de magistrados de las salas especializadas en materia de combate a la corrupción y que forman parte de las reformas aprobadas recientemente.

“Nunca nos dijeron de dónde salieron esos nombres, cuál fue la mecánica, por qué los designaron a ellos, y tampoco el Senado nos está respondiendo respecto a qué va a hacer con esos nombres, si simplemente los va a negociar políticamente o si vamos a ir a un proceso en donde el principio republicano del mérito sea el que se imponga”, añadió.

Previamente ambos participaron en la mesa inaugural de la agenda que a lo largo del día recibió a funcionarios, políticos y académicos para hablar de corrupción e impunidad.

En esa primera intervención preliminar los ponentes coincidieron en que no se necesitan más instituciones que vayan a combatir la corrupción, sino evitar que las que ya están en pie se vuelvan víctimas de su paradigma y terminen corrompiéndose.

En ese sentido se pronunciaron Lourdes Mendoza, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, y el propio Mauricio Merino.

Tanto este último como Lorenzo Córdova, quien preside el Consejo General del INE, enfatizaron que la sociedad civil y en específico la ciudadanía no pueden esperar que la corrupción se erradique entre los funcionarios, sino que debe ser una política de abajo hacia arriba.

Incluso, el consejero presidente agregó que, pese al descontento que hay con la democracia —un estudio de esta semana reportó que a nivel mundial uno de cada 10 mexicanos está descontento con su forma de gobierno— el Sistema Nacional Anticorrupción va detrás del sistema democrático por casi tres décadas.

La opiniones fueron diversas en esa primera mesa que abrió el debate; Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, destacó que la transparencia no resolverá  los problemas de corrupción en el país, si a la par no se fortalecen los tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, pidió que las instituciones que integran el SNA no sean cooptadas por intereses ajenos a los que fueron creados.

Arely Gómez, secretaria de la Función Pública y ex procuradora general de la República, sostuvo que el gobierno federal está comprometido en que no haya soluciones “cosméticas para enfrentar la corrupción”.